Una Revolución en el Marco Legal Comercial En la era digital, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, el mundo empresarial se enfrenta a nuevos retos y oportunidades. En Ecuador, país con una economía en constante evolución, los Contratos Inteligentes han surgido como una innovación disruptiva en el ámbito comercial, transformando la manera en que las partes acuerdan y ejecutan sus compromisos.En el marco del Código de Comercio ecuatoriano, específicamente en el Artículo 77, se define a los Contratos Inteligentes como aquellos producidos por programas informáticos utilizados por dos o más partes, las cuales acuerdan cláusulas y suscriben electrónicamente. Esta definición sienta las bases para la regulación y aplicación de este tipo de contratos en el país.La esencia de los Contratos Inteligentes radica en su capacidad para automatizar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante el uso de programas informáticos. Estos contratos facilitan la firma o expresión de la voluntad de las partes, al tiempo que garantizan su ejecución de manera eficiente y transparente. Una de las características más destacadas de los Contratos Inteligentes es su capacidad para ejecutar cláusulas automáticamente, sin necesidad de intervención humana, una vez que se cumplan ciertas condiciones preestablecidas por las partes.Esta automatización no solo agiliza los procesos comerciales, sino que también reduce la posibilidad de errores y fraudes, al eliminar intermediarios y garantizar la integridad de la información. Además, los Contratos Inteligentes ofrecen un alto grado de seguridad y confianza, gracias a la tecnología de registro distribuido (blockchain), que permite verificar y auditar cada transacción de manera inmutable y transparente.Sin embargo, la implementación de los Contratos Inteligentes en Ecuador plantea desafíos y consideraciones legales importantes. En ausencia de estipulaciones contractuales específicas, los administradores del programa o quienes tengan su control son responsables por las obligaciones contractuales y extracontractuales que se deriven de los contratos celebrados de esta forma. Es fundamental establecer mecanismos de protección y regulación para garantizar los derechos de las partes involucradas, especialmente en lo que respecta a la protección de los consumidores.En este sentido, es crucial promover un marco legal claro y actualizado que fomente la adopción segura y responsable de los Contratos Inteligentes en el ámbito comercial. Esto incluye la definición de estándares de seguridad, la regulación de la responsabilidad de las partes involucradas y la protección de los derechos de los consumidores.En conclusión, los Contratos Inteligentes representan una revolución en el mundo empresarial ecuatoriano, ofreciendo una alternativa innovadora y eficiente para la celebración y ejecución de acuerdos comerciales. Sin embargo, su implementación exitosa requiere no solo avances tecnológicos, sino también un marco legal sólido y adecuado que garantice la seguridad, transparencia y protección de los derechos de todas las partes involucradas.Fuente: Código de comercio. (2023). Registro Oficial Suplemento No.497. Ecuador.Blog escrito por la pasante Camila ProañoSábado, 02 de Febrero del 2024
El daño moral es un concepto legal que aborda las repercusiones emocionales y psicológicas que pueden surgir como resultado de ciertas acciones ilícitas. En el marco del derecho civil, el artículo 2219 del Código Civil establece disposiciones sobre la responsabilidad por daños causados por menores de edad o personas con trastornos mentales, destacando que aunque no sean capaces de cometer delitos o cuasidelitos, sus tutores o responsables pueden ser considerados responsables si se les imputa negligencia.El artículo 2232 del Código Civil amplía esta idea al permitir la demanda de indemnización pecuniaria por daños meramente morales, siempre que se justifique la gravedad del perjuicio sufrido y la falta cometida. Esta disposición abarca una variedad de situaciones, desde difamación hasta sufrimientos físicos o psicológicos como angustia, ansiedad o humillación, lo que subraya la importancia de proteger la integridad emocional de las personas.Es crucial señalar que la determinación del valor de la indemnización por daños morales queda a discreción del juez, quien evaluará las circunstancias específicas del caso para garantizar una compensación justa. Además, el artículo 2233 del Código Civil especifica que la acción por daño moral corresponde exclusivamente a la víctima o a su representante legal, con disposiciones adicionales para casos de imposibilidad física de la víctima.El artículo 2234 del Código Civil aclara que las indemnizaciones por daño moral son independientes de otras regulaciones legales que traten sobre muerte, incapacidad laboral u otros casos similares, lo que enfatiza la importancia de reconocer y compensar específicamente el sufrimiento emocional causado por acciones ilícitas.Por último, el artículo 2231 del Código Civil establece que las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona dan derecho a demandar indemnización pecuniaria, no solo por daño emergente o lucro cesante, sino también por perjuicio moral. Esto demuestra el reconocimiento de la ley de que el daño moral puede ser tan perjudicial como el daño material o financiero.En resumen, el marco legal aborda de manera integral el concepto de daño moral, reconociendo su importancia y estableciendo disposiciones para su compensación en casos de acciones ilícitas que afecten la integridad emocional y psicológica de las personas. Fuente: Código Civil. (2024). Registro Oficial Suplemento No. 46. Quito, Ecuador.Blog escrito por la pasante Camila ProañoJueves, 29 de Febrero del 2024.
Una alternativa de negocioEl contrato de franquicia es una herramienta comercial cada vez más utilizada en Ecuador, en la que una parte, conocida como el franquiciante, otorga a otra parte, denominada franquiciado, el derecho de utilizar su modelo de negocio, marca, y otros activos intangibles a cambio de una compensación económica. Este acuerdo, regido por disposiciones del Código de Comercio ecuatoriano, establece derechos y obligaciones para ambas partes, asegurando la protección de los intereses involucrados.Según lo establecido en el Artículo 558 del Código de Comercio ecuatoriano, la franquicia se define como un contrato en el cual el franquiciante otorga al franquiciado la posibilidad de explotar comercialmente sus derechos de propiedad intelectual, secretos empresariales, y otros activos, dentro de los términos establecidos en el contrato, a cambio de una retribución económica. Esta definición sienta las bases para entender los elementos esenciales de un contrato de franquicia en el país.Uno de los aspectos fundamentales del contrato de franquicia, según el Artículo 562, es la determinación de la retribución económica a favor del franquiciante, la cual puede ser establecida de diversas maneras según convenga a las partes involucradas. Esta disposición proporciona flexibilidad para adaptar los términos financieros del contrato a las necesidades específicas de cada caso.El Artículo 565 del Código de Comercio ecuatoriano establece un deber de confidencialidad por parte del franquiciado con respecto a la información recibida durante la etapa precontractual, la ejecución del contrato e incluso después de su terminación. Esta disposición garantiza la protección de los secretos comerciales y la información confidencial del franquiciante, fortaleciendo la seguridad jurídica en la relación contractual.Asimismo, el Artículo 566 establece que el contrato de franquicia incluye un marco de relaciones entre las partes que son necesarias para el desarrollo adecuado de la franquicia, tales como proveeduría, asesoría, asistencia y controles por parte del franquiciante. Sin embargo, se establece que cualquier imposición que restrinja injustificadamente la competencia será considerada nula, de acuerdo con lo dispuesto en la ley pertinente.El Artículo 561 establece la obligatoriedad de otorgar el contrato de franquicia por escrito, permitiendo la incorporación de anexos que describan con precisión el alcance de la operación. Esta disposición garantiza la claridad y la especificidad en los términos del acuerdo, evitando posibles malentendidos o disputas futuras.Por otro lado, el Artículo 572 del Código de Comercio ecuatoriano otorga al franquiciado ciertas facultades durante la vigencia del contrato, como el derecho a utilizar la marca, la imagen corporativa y el modelo de negocio del franquiciante, así como la aplicación de las técnicas y conocimientos proporcionados por este último. Además, se reconoce al franquiciado el derecho a recibir asistencia y suministro de productos o servicios pactados, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos por el franquiciante.Es importante destacar que el Artículo 575 establece que el franquiciado debe reflejar fielmente el modelo de negocio del franquiciante durante el desarrollo de la franquicia y no puede realizar modificaciones sin autorización expresa y por escrito. Esto garantiza la coherencia y la consistencia en la operación de la franquicia, preservando la integridad del negocio y la imagen de marca.En resumen, el contrato de franquicia en Ecuador, regido por las disposiciones del Código de Comercio, establece un marco legal que protege los intereses de ambas partes y promueve el desarrollo de relaciones comerciales sólidas y transparentes. Al cumplir con las obligaciones y respetar los derechos establecidos en la ley, las partes pueden aprovechar al máximo los beneficios de este modelo de negocio colaborativo y rentable.Fuente: Asamblea Nacional. (2023). CÓDIGO DE COMERCIO. Registro Oficial Suplemento 497. Ecuador.Blog escrito por la Consultora Legal Camila ProañoLunes, 13 de Febrero del 2023
La Extralimitación en el Ejercicio del Servicio Público y sus Implicaciones JurídicasEl Artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal en adelante COIP establece claramente las consecuencias para aquellos servidores públicos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, o del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria que, en el cumplimiento de sus deberes, empleen una fuerza excesiva, infringiendo las disposiciones legales pertinentes y causando lesiones a terceros. Este artículo aborda la responsabilidad legal en casos de extralimitación y establece las sanciones correspondientes. El artículo 293 del COIP señala que la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio por parte de servidores de instituciones de seguridad, cuando resulta en un uso excesivo de la fuerza y causa lesiones a una persona, conlleva sanciones específicas. La pena privativa de libertad será determinada según las reglas de lesiones, como establecidas en el Artículo 152. Lesiones y sus Sanciones (Art. 152, COIP): El Artículo 152 clasifica las lesiones en diferentes categorías, considerando el grado de daño infligido. Las sanciones van desde penas privativas de libertad de treinta días hasta siete años, dependiendo de la gravedad de las lesiones y las circunstancias en las que ocurrieron. En eventos masivos, tumultos, o situaciones de calamidad pública, las penas pueden aumentarse en un tercio. Muerte Causada por Inobservancia del Uso Legítimo de la Fuerza: El artículo establece consecuencias más severas en caso de fallecimiento como resultado de la inobservancia de los principios del uso legítimo de la fuerza, siempre y cuando no se trate de delitos graves contra los derechos humanos. En estos casos, la pena privativa de libertad puede ir de siete a diez años. Detención en Casos de Lesiones o Muerte (Art. 533.1): En situaciones excepcionales donde la detención es necesaria, el Artículo 533.1 establece que la permanencia en el centro de privación de libertad se realizará en zonas especiales, distintas de las zonas de aseguramiento convencionales. Esta medida busca salvaguardar la integridad y seguridad de la persona detenida, sin prescindir de la vigilancia policial o de los agentes de seguridad penitenciaria. En conclusión, la legislación vigente busca garantizar la responsabilidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, especialmente cuando se trata del uso de la fuerza. La extralimitación en este ámbito conlleva sanciones proporcionales a la gravedad de las lesiones causadas. Además, la detención en casos excepcionales se realiza de manera cuidadosa, asegurando la integridad de la persona detenida. Estas disposiciones refuerzan la importancia de la legalidad y la protección de los derechos humanos en el cumplimiento del deber de los servidores públicos. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2024). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180. Quito, Ecuador.Blog escrito pr el Abg. Jorge ChicaizaJueves, 31 de Enero del 2024
La extorsión, como delito que amenaza la integridad patrimonial y personal de los individuos, se encuentra detalladamente tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador. En particular, el Artículo 185 establece las condiciones y sanciones asociadas a este acto ilícito.Se define a la extorsión como la acción de exigir u obligar a otro a realizar o abstenerse de un acto, pago, entrega de bienes, depósitos o negocio jurídico, mediante violencia o intimidación. Es relevante notar que la ley abarca una amplia gama de medios, incluyendo aquellos digitales o electrónicos, así como el uso de panfletos u hojas volantes.La pena base por extorsión implica una privación de libertad de tres a cinco años y una multa de veinte a veinticuatro salarios básicos unificados del trabajador en general.Las sanciones se incrementan significativamente en presencia de circunstancias agravantes. Por ejemplo, si la víctima es menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cinco años, mujer embarazada, persona con discapacidad o afectada por enfermedades que comprometan su vida, la pena se eleva a cinco a siete años de privación de libertad y una multa de veinticuatro a cuarenta salarios básicos.Entre las agravantes se encuentran:- Si la extorsión se realiza con la intervención de una persona con la cual la víctima mantiene una relación laboral, comercial u otra similar, o con una persona de confianza o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, las penas también se incrementan.- Si la extorsión se ejecuta de manera periódica o repetitiva, limitando el desarrollo normal de las actividades de la víctima, la pena se fija entre siete y diez años de privación de libertad y una multa de cuarenta a ochenta salarios básicos.- Si se emplea amenaza de muerte, lesión, secuestro, o cualquier acto que pueda derivar en calamidad o peligro común, las sanciones son más severas.- Si la extorsión se lleva a cabo total o parcialmente desde un centro de privación de libertad, desde el extranjero o como parte de la operatividad de la delincuencia organizada, las penas alcanzan su máxima expresión.El Artículo 185 del COIP establece un marco legal completo y riguroso para combatir la extorsión en Ecuador. Las sanciones graduadas según las circunstancias del delito buscan no solo castigar, sino también prevenir y disuadir este tipo de conductas, protegiendo así la integridad patrimonial y personal de los ciudadanos. Es imperativo que las autoridades continúen vigilando y aplicando estas disposiciones para mantener la seguridad y el orden en la sociedad ecuatoriana. Fuente: Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2024). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180. Quito, Ecuador.Blog escrito por la pasante Camila ProañoSábado, 27 de Enero del 2024
Un Análisis del CONA En Ecuador, la responsabilidad penal de los adolescentes se rige por el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (CONA), que establece en su Artículo 305 la inimputabilidad de los adolescentes. Esto implica que no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán sanciones penales. En su lugar, el CONA propone medidas socioeducativas en función de la gravedad de la infracción atribuida, asegurando la proporcionalidad entre la infracción y la medida aplicada, según lo dispuesto en el Artículo 319.El Artículo 322 del CONA destaca la importancia de la separación de los adolescentes infractores de las personas privadas de libertad adultas durante su detención, internamiento preventivo o cumplimiento de medidas socioeducativas. Este enfoque busca garantizar un ambiente adecuado para su desarrollo y rehabilitación.En el caso de adolescentes que estén cerca de alcanzar la mayoría de edad, el CONA establece que, si cometen delitos mientras cumplen medidas socioeducativas, el proceso seguirá bajo el régimen aplicable en función de su edad. Sin embargo, la ejecución de la pena por el delito cometido con mayoría de edad se llevará a cabo después de cumplir la medida socioeducativa impuesta.El internamiento preventivo de adolescentes, según el Artículo 379, se permite en casos específicos y puede ser revocado en cualquier momento. El tiempo y modo de la medida socioeducativa se determinan con precisión, y el internamiento preventivo se computa dentro de esta medida.Las medidas socioeducativas privativas de libertad, según el Artículo 379, incluyen el internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana, internamiento con régimen semiabierto e internamiento institucional. La elección de la medida depende de la gravedad del delito, garantizando así la proporcionalidad.El Artículo 379 también detalla las medidas socioeducativas aplicables a diferentes categorías de delitos sancionados en el CONA. Estas medidas van desde la amonestación hasta el internamiento institucional, con duraciones específicas según la gravedad de la pena. Además, se establece la obligación de asistir a programas de educación sexual para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva.En resumen, el CONA de Ecuador aborda la responsabilidad penal de los adolescentes mediante un enfoque que busca la proporcionalidad en las medidas socioeducativas, la separación de adolescentes y adultos, y la consideración de la edad en la ejecución de penas. Estos principios buscan garantizar la rehabilitación y desarrollo adecuado de los adolescentes infractores en el sistema de justicia penal. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2023). Código de la Niñez y Adolescencia. Registro Oficial Número de publicación 737. Quito, Ecuador.Blog escrito por la pasante Camila ProañoViernes, 19 de Enero del 2024
Los Más Pobres, Víctimas Invisibles de la Elusión Fiscal en EcuadorEn Ecuador, como en muchos otros países, la elusión fiscal se ha convertido en un juego de malabares para las grandes corporaciones, que buscan hábilmente maneras de evadir sus responsabilidades fiscales. Bajo el pretexto de "minimizar la carga fiscal sin violar la ley", estas empresas cuentan con expertos contadores que, como magos fiscales, trabajan incansablemente para asegurar que los impuestos no afecten sus abultadas ganancias. Pero, ¿quién paga los platos rotos? Sin duda, los más pobres, esos ciudadanos a pie que apenas logran subsistir con un sueldo básico (460).Las grandes empresas juegan al límite de la legalidad, utilizando estrategias de elusión fiscal para evitar pagar impuestos de manera ética. Si esto no es suficiente, siempre pueden recurrir a la evasión fiscal, utilizando acciones ilegales para eludir el pago de impuestos. Sin embargo, en este baile fiscal, las grandes corporaciones raramente se ven afectadas, mientras que los ciudadanos comunes asumen el peso de sus responsabilidades.En este contexto, se ha planteado la posibilidad de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, una medida que, lejos de castigar a las grandes empresas, recae directamente sobre los hombros de los ciudadanos de a pie. Un incremento en el IVA podría tener consecuencias devastadoras para la población más vulnerable.Impacto en el Consumidor: Un aumento en el IVA se traduciría directamente en una subida de los precios de bienes y servicios. Esta medida afectaría el poder adquisitivo de la población, especialmente de aquellos con ingresos más bajos, generando una reducción en el consumo y un deterioro en la calidad de vida.Competitividad Empresarial: Las pequeñas y medianas empresas sufrirían las consecuencias de un IVA elevado, viéndose afectadas en sus costos operativos. Esto podría resultar en la pérdida de empleos y una disminución en la actividad económica, todo mientras las grandes corporaciones continúan eludiendo sus responsabilidades fiscales.Incentivo a la Economía Informal: Un IVA más alto podría incentivar la evasión fiscal y el crecimiento de la economía informal, minando la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos esenciales.Desaceleración Económica: Un aumento abrupto en el IVA podría desencadenar una desaceleración económica al reducir el gasto y la inversión, afectando la estabilidad económica y la capacidad del país para atraer inversión extranjera.¿Cuál es la Solución?Antes de cargar sobre los hombros de los más vulnerables, es hora de dirigir la mirada hacia los grandes deudores de impuestos, aquellos que más ganan pero menos contribuyen al estado. La prioridad debe ser cobrar a estas corporaciones que, a pesar de sus beneficios, eluden sus obligaciones fiscales.Además, es imperante focalizar los subsidios, especialmente en áreas cruciales como el transporte público, taxis y transporte de productos de primera necesidad. Redirigir los recursos hacia quienes realmente los necesitan es una medida más justa y efectiva.Finalmente, es esencial analizar las repercusiones de un aumento en el IVA. Este incremento no solo afectaría a los productos gravados, sino que se extendería a todos los aspectos de la vida cotidiana, encareciendo incluso aquellos productos que actualmente están exentos de IVA. En conclusión, en lugar de poner el peso sobre los más pobres, es hora de que el gobierno ecuatoriano tome medidas concretas para asegurar que los que más tienen, finalmente, paguen la cuenta. La justicia fiscal es un principio fundamental para construir una sociedad equitativa y sostenible.Blog escrito por el Abg. Jorg ChicaizaMiércoles, 17 de Enero del 2024Las opiniones vertidas en este artículo no representan la postura del equipo de Clic Jurídico.
Procedimientos y Consideraciones LegalesLa disolución de la sociedad conyugal en Ecuador marca el inicio de un proceso que requiere una cuidadosa gestión de los bienes compartidos. Este proceso está regulado por los artículos 191 y 192 del Código Civil ecuatoriano, que establecen pautas claras para la formación del inventario y la tasación de los bienes.Una vez disuelta la sociedad conyugal, el primer paso es la formación inmediata de un inventario y la tasación de todos los bienes que estaban bajo usufructo o responsabilidad de la pareja. Este proceso debe seguir los términos y formas establecidos para la sucesión por causa de muerte. Es crucial destacar que esta etapa debe llevarse a cabo con diligencia y precisión para evitar problemas legales posteriores.El artículo 192 establece que los inventarios y tasaciones realizados sin solemnidad judicial carecerán de valor en juicio, a menos que hayan sido debidamente aprobados y firmados por el cónyuge, los herederos o los acreedores. Esto destaca la importancia de seguir los procedimientos legales para garantizar la validez de estos documentos en cualquier disputa legal futura.En casos donde entre los partícipes de los bienes gananciales existan menores, personas con trastornos mentales u otras personas incapaces de administrar sus bienes, se requiere la solemnidad del inventario y tasación. La omisión de este procedimiento puede acarrear responsabilidades legales para aquel que la haya omitido, y se debe legalizar el inventario y tasación de manera adecuada lo antes posible.Una vez completado el inventario y avalúo, la restitución de las especies o bienes específicos debe realizarse tan pronto como sea posible. Además, el pago del resto del haber debe llevarse a cabo dentro de un año desde la terminación del inventario. No obstante, el juez tiene la facultad de ajustar este plazo según las circunstancias, previa solicitud de los interesados y después de un análisis detenido.Este marco legal busca garantizar la equidad en la distribución de los bienes después de la disolución de la sociedad conyugal, protegiendo los derechos de los involucrados y proporcionando un proceso ordenado y justo. Es esencial que las partes involucradas se adhieran rigurosamente a estos procedimientos para evitar complicaciones legales y conflictos posteriores. Fuente: Asamblea Nacional. (2005). Código Civil del Ecuador, C. C. Registro Oficial Suplemento 46. Quito, Ecuador.Blog escrito por la pasante Camila ProañoViernes, 12 de Enero del 2024
Una Mirada Detallada al Artículo 289 del Código PenalEl sistema legal ecuatoriano contempla diversas disposiciones para combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito, y entre ellas destaca el delito de testaferrismo. Este término se refiere a la práctica de aparentar la titularidad de bienes, dinero, valores u otros activos que en realidad pertenecen a otra persona, especialmente cuando dichos activos son fruto de enriquecimiento ilícito. En el Ecuador, el fundamento legal para perseguir y sancionar el testaferrismo se encuentra en el Artículo 289 del Código Penal.Según el Artículo 289 del Código Penal ecuatoriano, el testaferrismo se castiga con una pena privativa de libertad que oscila entre tres y cinco años. Esta sanción se aplica a aquellas personas que consientan en aparentar como propios bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que provengan del enriquecimiento ilícito de un servidor público o ex servidor público, o del enriquecimiento privado no justificado.Es importante destacar que, si el testaferrismo involucra a personas jurídicas, estas pueden enfrentar la extinción como entidad y una multa que oscila entre quinientos y mil salarios básicos unificados del trabajador en general.En situaciones en las que los bienes provengan de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, trata de personas, delincuencia organizada, estafa u otras que atenten contra los derechos humanos, la pena será equivalente a la del delito subyacente. Esto refuerza la gravedad del testaferrismo cuando se vincula con actividades criminales más amplias.Adicionalmente, el Artículo 289 establece disposiciones específicas para ciertos contextos, como el ámbito marítimo y turístico en la provincia de Galápagos. Aquí, se señala que aquellas personas que, siendo titulares de autorizaciones en actividades específicas, permitan ilegítimamente el uso de sus derechos con el propósito de encubrir bienes, también serán sancionadas con penas privativas de libertad de tres a cinco años.El Artículo 289 prevé la confiscación de los instrumentos utilizados en la comisión del delito, así como de los productos o beneficios obtenidos. Esta medida busca desincentivar la comisión del testaferrismo al privar a los infractores de los beneficios obtenidos de manera ilegítima.Conclusiones:El delito de testaferrismo en Ecuador demuestra el compromiso del país en combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito. La legislación establece sanciones severas tanto para individuos como para entidades corporativas que participen en prácticas de testaferrismo. Estas disposiciones legales, junto con las medidas de comiso, buscan disuadir y castigar eficazmente a quienes intentan ocultar activos ilícitos mediante la simulación de propiedad. El Artículo 289 del Código Penal ecuatoriano refleja la importancia de proteger la integridad del sistema financiero y prevenir el uso indebido de activos provenientes de actividades ilícitas.Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2023). Código Orgánico Integral Penal.Registro Oficial Suplemento 180. Quito, Ecuador.Blog escrito por la pasante Camila ProañoViernes, 05 de Enero del 2024.
