Los Más Pobres, Víctimas Invisibles de la Elusión Fiscal en EcuadorEn Ecuador, como en muchos otros países, la elusión fiscal se ha convertido en un juego de malabares para las grandes corporaciones, que buscan hábilmente maneras de evadir sus responsabilidades fiscales. Bajo el pretexto de "minimizar la carga fiscal sin violar la ley", estas empresas cuentan con expertos contadores que, como magos fiscales, trabajan incansablemente para asegurar que los impuestos no afecten sus abultadas ganancias. Pero, ¿quién paga los platos rotos? Sin duda, los más pobres, esos ciudadanos a pie que apenas logran subsistir con un sueldo básico (460).Las grandes empresas juegan al límite de la legalidad, utilizando estrategias de elusión fiscal para evitar pagar impuestos de manera ética. Si esto no es suficiente, siempre pueden recurrir a la evasión fiscal, utilizando acciones ilegales para eludir el pago de impuestos. Sin embargo, en este baile fiscal, las grandes corporaciones raramente se ven afectadas, mientras que los ciudadanos comunes asumen el peso de sus responsabilidades.En este contexto, se ha planteado la posibilidad de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, una medida que, lejos de castigar a las grandes empresas, recae directamente sobre los hombros de los ciudadanos de a pie. Un incremento en el IVA podría tener consecuencias devastadoras para la población más vulnerable.Impacto en el Consumidor: Un aumento en el IVA se traduciría directamente en una subida de los precios de bienes y servicios. Esta medida afectaría el poder adquisitivo de la población, especialmente de aquellos con ingresos más bajos, generando una reducción en el consumo y un deterioro en la calidad de vida.Competitividad Empresarial: Las pequeñas y medianas empresas sufrirían las consecuencias de un IVA elevado, viéndose afectadas en sus costos operativos. Esto podría resultar en la pérdida de empleos y una disminución en la actividad económica, todo mientras las grandes corporaciones continúan eludiendo sus responsabilidades fiscales.Incentivo a la Economía Informal: Un IVA más alto podría incentivar la evasión fiscal y el crecimiento de la economía informal, minando la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos esenciales.Desaceleración Económica: Un aumento abrupto en el IVA podría desencadenar una desaceleración económica al reducir el gasto y la inversión, afectando la estabilidad económica y la capacidad del país para atraer inversión extranjera.¿Cuál es la Solución?Antes de cargar sobre los hombros de los más vulnerables, es hora de dirigir la mirada hacia los grandes deudores de impuestos, aquellos que más ganan pero menos contribuyen al estado. La prioridad debe ser cobrar a estas corporaciones que, a pesar de sus beneficios, eluden sus obligaciones fiscales.Además, es imperante focalizar los subsidios, especialmente en áreas cruciales como el transporte público, taxis y transporte de productos de primera necesidad. Redirigir los recursos hacia quienes realmente los necesitan es una medida más justa y efectiva.Finalmente, es esencial analizar las repercusiones de un aumento en el IVA. Este incremento no solo afectaría a los productos gravados, sino que se extendería a todos los aspectos de la vida cotidiana, encareciendo incluso aquellos productos que actualmente están exentos de IVA. En conclusión, en lugar de poner el peso sobre los más pobres, es hora de que el gobierno ecuatoriano tome medidas concretas para asegurar que los que más tienen, finalmente, paguen la cuenta. La justicia fiscal es un principio fundamental para construir una sociedad equitativa y sostenible.Blog escrito por el Abg. Jorg ChicaizaMiércoles, 17 de Enero del 2024Las opiniones vertidas en este artículo no representan la postura del equipo de Clic Jurídico.
Derogar sin impacto real, pero con gran carga política.La reciente derogación del decreto presidencial que regula las cantidades máximas admisibles para la tenencia de sustancias destinadas al consumo personal en Ecuador ha generado polémica. Sin embargo, más allá de su aparente relevancia, este decreto gubernamental carece de un impacto práctico tangible en la persecución del consumo de drogas.El argumento central detrás de esta medida se ampara en la supuesta incompatibilidad de la derogada tabla referencial con la Constitución ecuatoriana, la cual reconoce las adicciones como problemas de salud pública y garantiza el derecho a la rehabilitación y tratamiento de los consumidores. No obstante, este cambio legislativo parece ser más un juego de palabras en el ámbito jurídico que una solución efectiva.El código penal ya establece la no punibilidad de la posesión de sustancias sujetas a fiscalización para uso personal, dejando la responsabilidad de definir los límites mínimos a otras normativas. Esto genera un ciclo sin fin: las cantidades establecidas son meramente referenciales y no tienen un peso determinante en los procesos judiciales.La carga probatoria recae sobre la fiscalía para demostrar la intención de traficar, más allá de las cantidades establecidas, utilizando una serie de verbos rectores. Sin embargo, la dificultad en probar estas intenciones diluye cualquier efecto práctico de la derogación de la tabla. La sentencia de la Corte Constitucional, específicamente la Sentencia No. 7-17-CN/19, corroboró que la tabla derogada era meramente referencial y su superación no implicaba por sí sola una prueba de tráfico.En esencia, el decreto presidencial parece más una formalidad legal que una acción significativa en la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos. La tabla, desde su origen, nunca tuvo un uso práctico, ya que, según las leyes constitucionales y las sentencias judiciales, la carga recae en probar la intención de traficar, sin importar si la cantidad supera los límites de la tabla.En lugar de generar un cambio sustancial en el enfoque hacia la tenencia para consumo personal, el decreto presidencial parece ser más un juego retórico, desviando la atención de cuestiones más profundas y relevantes en la lucha contra el tráfico y el consumo indebido de sustancias. Por lo tanto, la derogación de la tabla de cantidades máximas admisibles se presenta como un acto simbólico más que como un paso concreto hacia una política más efectiva y justa en el manejo de las adicciones en Ecuador. ReferenciaCorte Constitucional del Ecuador. (2019). Sentencia No. 7-17-CN/19.Blog escrito por el Abg. Jorge ChicaizaJueves, 30 de Noviembre del 2023.Las opiniones vertidas en este blog no representan la postura de Clic Jurídico.
El Caso Letty C.: La Fiscalía y su Cuestionable Estrategia Legal. El caso de Letty C. en Ecuador es una manifestación de la aparente ineficiencia y falta de rigor en el sistema legal del país, especialmente por parte de la Fiscalía. Lo que podría haber sido una búsqueda incansable de la verdad se ha convertido en una serie de decisiones legales cuestionables que plantean serias dudas sobre la competencia de quienes están a cargo.Los hechos son bastante claros: Letty C. desapareció después de asistir a una fiesta en la que conoció a Johnny C. La noche de la fiesta, después de beber en una discoteca, Johnny C. invitó a Letty y a otros tres invitados a su casa. Mientras que los otros invitados abandonaron la casa uno por uno, Letty se quedó en un dormitorio y nunca más se supo de ella hasta que la Fiscalía, junto con la DINASED. de la Policía Nacional, realizó el levantamiento de un cadáver en el parque Metropolitano Guanguiltagua, cerca de la residencia de Johnny C.Aquí es donde la Fiscalía comienza a tropezar. En lugar de abordar este caso con el rigor y la objetividad que se espera de una institución legal, la Fiscalía optó por acusar a Johnny C. de desaparición involuntaria. El artículo 163 en su último párrafo del Código Orgánico Integral Penal establece claramente los elementos de este delito, incluyendo privación de libertad, retención, arrebato, desaparición o traslado en contra de la voluntad de la víctima y la negación de información sobre su paradero o destino. Sin embargo, ¿Qué evidencia sólida tiene la Fiscalía para respaldar esta acusación? Las declaraciones de testigos sugieren que Letty acudió voluntariamente a la casa de Johnny, y no hay pruebas contundentes que indiquen que fue retenida contra su voluntad o que se le negó información sobre su paradero.La Fiscalía parece haber pasado por alto la posibilidad de acusar a Johnny C. de asesinato, un delito mucho más polémico e igual de grabe y apropiado en este contexto. El artículo 140 del mismo código establece claramente las sanciones para el asesinato, que podrían haberse aplicado aquí.Además, la Fiscalía ha dejado sin respuesta preguntas importantes relacionadas con la evidencia física, como el colchón rosa lavado y las huellas de sangre. Estas pistas podrían haber arrojado luz sobre lo que realmente sucedió en la casa de Johnny C., pero en lugar de investigar a fondo, la Fiscalía parece haber optado por un enfoque más ligero en cuanto a pruebas y evidencias.En última instancia, este caso plantea serias dudas sobre la capacidad de la Fiscalía para llevar a cabo investigaciones y acusaciones efectivas y justas. La búsqueda de justicia para Letty merece una revisión profunda y crítica de la estrategia legal empleada por la Fiscalía, en lugar de la aplicación de cargos débiles y dudosos que podrían resultar en una injusticia flagrante incluyendo la impunidad del supuesto victimario. Ecuador merece un sistema legal más sólido y competente que garantice la verdad y la justicia, especialmente en casos tan sensibles como este.Este artículo fue escrito por el Abg. Jorge Chicaiza, las opiniones vertidas en este blog no representan la postura de Clic Jurídico.Miércoles, 13 de Septiembre del 2023.
Después de las elecciones de la primera vuelta, no podemos pasar por alto una de las propuestas más alarmantes que ha surgido durante la campaña electoral. Un candidato ha desatado el caos proponiendo que la respuesta a la delincuencia sea la represión total: encarcelamiento, represión, humillación y la manipulación despiadada de la prensa. Es hora de dejar en claro que esta visión es indignante y no puede ser la solución para combatir la delincuencia en Ecuador.La propuesta de la represión total es un enfoque simplista que etiqueta a las personas según su apariencia, tatuajes, elección de compañías y rasgos físicos, como si fueran "rasgos lambrosianos". Esta mentalidad nos arrastra a un abismo de horror, donde la sociedad, enardecida por la venganza, busca a quien condenar sin considerar siquiera la humanidad de los acusados. Exigen condenas draconianas y torturas carcelarias, mientras continúan exigiendo justicia, en una escena que parece sacada de una pesadilla.Este enfoque me recuerda a una canción del filósofo Vico C, que relata cómo siempre hay quienes admiran a los delincuentes y provocan nuevas guerras. En este ideal siniestro, la respuesta parece ser perpetuar un ciclo interminable de violencia, anhelando atrapar a delincuentes de bajo nivel que a menudo son víctimas de circunstancias desesperadas. ¡Basta ya! Esta es una llamada urgente a rechazar la barbarie. Propongo una alternativa mucho más sensata y humana: la esperanza y la implementación de políticas sociales efectivas. Comencemos por intervenir en los barrios más marginados de Ecuador, como los Miños, abordando las necesidades más apremiantes, como la alimentación. ¿Es que hemos olvidado que en algunos lugares, la desesperación lleva a la gente a linchar a quienes roban un simple pan?Centrémonos en brindar una educación de calidad y gratuita, en lugar de la mediocridad actual. Ofrezcamos libros, uniformes, comida, pasajes y útiles escolares a nuestros jóvenes. La educación gratuita es una inversión en el futuro de nuestro país, sin importar si a algunos candidatos les incomoda.La salud preventiva también es esencial. Fomentemos la inversión privada para crear empleos y oportunidades para adultos, alejándolos de la delincuencia. Puede que alguien argumente que el Estado no puede costear estas medidas, pero recordemos que gastar en represión y armamento implica un costo aún más elevado. Al final del día, los más marginados de la sociedad son los que pagan el precio más alto cuando optamos por la represión en lugar de invertir en políticas sociales.Es hora de levantar la voz y decir ¡basta! En lugar de aferrarnos a un enfoque de represión inhumana, optemos por una estrategia realista que se base en la esperanza, la educación y la inclusión. Ecuador merece un futuro más seguro y de paz para todos. No olvidemos el sabio mantra: "El que a yerro mata, a yerro muere" pero también recordemos que todos merecen una oportunidad de redimirse y cambiar. Te pregunto ¿nunca has cometido un delito?Necesitamos mirar primero nuestras propias conciencias.Este artículo fue escrito por el Abg. Jorge Chicaiza, las opiniones vertidas en este blog no representan la postura de Clic Jurídico.Jueves, 07 de Septiembre del 2023.
