Recuerda que el valor mínimo legal para calcular es un sueldo básico.
Si tiene uno o varios hijos con discapacidad marque únicamente la casilla que corresponde al nivel de inhabilitación del menor de edad. Recuerde que se calcula este valor tomando en cuenta el porcentaje establecido para el nivel de mayor discapacidad.
Noticias de la actualidad legal y preguntas frecuentes
En los procesos judiciales que involucran a niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos relacionados con la tenencia, el régimen de visitas y los conflictos familiares, escuchar la opinión del menor constituye una garantía fundamental para la protección de sus derechos.En Ecuador, los artículos 59 y 60 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) reconocen el derecho de los menores a expresarse libremente y a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. En este contexto, el testimonio reservado puede constituir un mecanismo para conocer su opinión en condiciones que protejan su intimidad, integridad emocional y libertad de expresión, sin que su participación se convierta en una fuente de presión o revictimización.Fundamento jurídico: artículos 59 y 60 del CONAArtículo 59. Derecho a la libertad de expresión.Esta disposición reconoce que los niños, niñas y adolescentes pueden expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, utilizando los medios que consideren adecuados, dentro de las restricciones legales destinadas a proteger los derechos de las demás personas.En el ámbito judicial, este derecho implica que el menor debe tener la oportunidad de manifestar sus sentimientos, experiencias y preferencias respecto de las decisiones que afectan su vida familiar, sin que su opinión sea descalificada únicamente por su edad.Artículo 60. Derecho a ser consultados.Este artículo establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten y que su opinión debe valorarse de acuerdo con su edad y madurez.Además, incorpora una garantía esencial: ningún menor puede ser obligado o presionado para expresar su opinión.Esta disposición resulta especialmente relevante en los procesos de tenencia, en los que el niño puede encontrarse en medio de un conflicto entre sus progenitores. Su participación debe desarrollarse de manera libre, sin intimidaciones, amenazas, manipulación ni exigencias para que manifieste preferencia por uno de ellos.¿Qué es el testimonio reservado del menor?El testimonio reservado del menor es una forma de recibir su declaración procurando proteger su identidad, intimidad, seguridad y estabilidad emocional, de acuerdo con las características del procedimiento y las medidas de protección que correspondan.Su finalidad es permitir que el niño exprese su opinión en un entorno adecuado, con las garantías necesarias para evitar presiones externas y reducir los efectos negativos que podría ocasionar su participación en un conflicto judicial.Es importante precisar que los artículos 59 y 60 del CONA reconocen el derecho a expresarse y a ser escuchado, pero no regulan por sí solos una modalidad procesal específica denominada «testimonio reservado». La forma de recibir la declaración debe determinarse conforme a las normas procesales aplicables y las garantías correspondientes al caso.La opinión del menor en los procesos de tenenciaEn los procesos judiciales de tenencia, la opinión del niño puede aportar información relevante sobre sus vínculos afectivos, su entorno familiar, sus necesidades emocionales y las circunstancias en las que se desarrolla su convivencia con cada progenitor.Sin embargo, escuchar al menor no significa trasladarle la responsabilidad de decidir con quién debe vivir. La decisión corresponde a la autoridad judicial, que debe valorar integralmente su interés superior, las pruebas incorporadas al proceso y las condiciones de protección y cuidado.La opinión del niño debe ser considerada según su edad, madurez y capacidad para comprender la situación. No debe tratarse como una prueba automática de idoneidad o falta de idoneidad de alguno de sus progenitores, sino como un elemento relevante que debe analizarse junto con los demás medios probatorios.Protección frente a amenazas, intimidación y manipulaciónLa prohibición de presionar al menor para que exprese su opinión constituye una garantía indispensable cuando existen conflictos familiares intensos o alegaciones de violencia.Si se advierte que el niño podría estar siendo intimidado, manipulado o condicionado para manifestar una determinada preferencia, resulta pertinente solicitar que su participación se desarrolle mediante un procedimiento adecuado a su edad y situación emocional, con intervención de profesionales especializados cuando corresponda.El objetivo no es orientar su respuesta hacia uno de los progenitores, sino garantizar que pueda expresarse de manera espontánea, auténtica y libre de influencias indebidas.Asimismo, deben evitarse interrogatorios reiterados o confrontaciones innecesarias que puedan incrementar su angustia o colocarlo en una situación de conflicto de lealtades.La reserva y el derecho a la defensaLa protección de la intimidad del menor debe armonizarse con las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa de las partes. Por ello, la reserva no debe entenderse automáticamente como una exclusión absoluta del conocimiento o contradicción de la prueba.La autoridad judicial debe aplicar las medidas de protección previstas en la normativa correspondiente, procurando que la participación del niño sea segura y que, al mismo tiempo, se respeten las garantías procesales de quienes intervienen en la causa.La forma concreta de recibir, documentar y valorar su declaración dependerá de las reglas procesales aplicables al procedimiento judicial.Los artículos 59 y 60 del Código de la Niñez y Adolescencia establecen que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar libremente sus opiniones y a ser escuchados en los asuntos que afectan su vida, sin ser obligados ni presionados.En consecuencia, dentro de los procesos de tenencia y régimen de visitas, la participación del menor debe garantizar condiciones de seguridad, respeto, libertad y protección emocional. Su opinión debe valorarse de acuerdo con su edad y madurez, sin atribuirle la responsabilidad de resolver el conflicto de sus progenitores.Escuchar al menor no significa hacerlo escoger entre sus padres; significa reconocerlo como sujeto de derechos y garantizar que su voz sea considerada sin miedo, manipulación ni presiones. Fuente: Ecuador. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. Registro Oficial No. 737, 3 de enero de 2003, arts. 59 y 60.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoMartes, 27 de Octubre del 2026
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El cambio climático constituye uno de los principales desafíos ambientales y sociales de la actualidad, debido a que sus efectos no se distribuyen de manera uniforme entre la población. Las comunidades que poseen menores recursos económicos o que dependen directamente de los ecosistemas pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad frente a fenómenos como sequías, inundaciones, incendios, pérdida de cultivos y escasez de agua. En este contexto surge la justicia climática, que busca que la respuesta frente al cambio climático se desarrolle bajo criterios de igualdad, equidad, responsabilidad y protección de los derechos humanos y de la naturaleza.En el Ecuador, este enfoque adquiere especial relevancia porque la Constitución no solamente reconoce el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, sino que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Por ello, la lucha contra el cambio climático no constituye únicamente una cuestión de política ambiental, sino también una obligación jurídica relacionada con la protección de derechos constitucionales.- Concepto de justicia climática:La justicia climática puede entenderse como el enfoque jurídico y social que busca que las cargas, responsabilidades y consecuencias derivadas del cambio climático sean distribuidas de manera equitativa, otorgando especial protección a las personas, comunidades y ecosistemas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.Por tanto, no se limita a reducir las emisiones contaminantes. También pretende garantizar que las medidas de mitigación, adaptación y reparación respeten los derechos humanos, protejan a las poblaciones afectadas y consideren la responsabilidad de quienes generan impactos ambientales.- Características:La justicia climática presenta varias características: Enfoque de derechos humanos: Relaciona la crisis climática con derechos como la vida, salud, agua, alimentación y vivienda. Equidad: Busca que las consecuencias y responsabilidades frente al cambio climático no recaigan desproporcionadamente sobre los grupos vulnerables. Protección de la naturaleza: En Ecuador comprende también los derechos constitucionales de la naturaleza. Responsabilidad estatal: Exige que el Estado adopte medidas adecuadas para prevenir, mitigar y enfrentar los efectos climáticos. Solidaridad intergeneracional: Considera la obligación de proteger las condiciones ambientales para las generaciones futuras. Participación: Reconoce la importancia de que las comunidades puedan intervenir en decisiones que puedan afectar su ambiente y territorio. - Importancia:La importancia de la justicia climática radica en que permite analizar el cambio climático desde una perspectiva jurídica y no exclusivamente ambiental. Una política climática puede ser técnicamente adecuada para disminuir emisiones, pero resultar injusta si sus costos recaen principalmente sobre comunidades vulnerables.Por ello, la justicia climática exige que las decisiones públicas consideren quiénes soportan los impactos ambientales, quiénes participan en la generación del problema y qué medidas deben adoptarse para garantizar una protección efectiva de los derechos.- Fundamento constitucional:La Constitución de la República del Ecuador proporciona una base importante para desarrollar el concepto de justicia climática.· El artículo 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.· El artículo 66 numeral 27 reconoce el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.· Los artículos 71 y 72 reconocen los derechos de la naturaleza y su derecho a la restauración. Esto resulta fundamental para la justicia climática ecuatoriana, debido a que la protección jurídica no se limita al bienestar humano, sino que también comprende la conservación y regeneración de los ecosistemas.· El artículo 395 establece principios ambientales relacionados con un modelo de desarrollo sustentable, mientras que el artículo 397 establece obligaciones estatales frente a los daños ambientales.· El artículo 414 establece expresamente que el Estado debe adoptar medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, incluyendo la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y la contaminación atmosférica, además de proteger a la población en riesgo.- Código Orgánico del Ambiente:El Código Orgánico del Ambiente, en su Libro IV relativo al cambio climático y conforme a las reformas vigentes, constituye el principal instrumento legal específico para abordar esta problemática en el Ecuador. Su regulación desarrolla mecanismos de planificación, coordinación institucional, adaptación, mitigación y financiamiento climático. En particular, el artículo 249 resulta relevante para la justicia climática porque prioriza la reducción de las afectaciones sobre las personas en situación de riesgo, los grupos de atención prioritaria y quienes viven en condiciones de pobreza. Esta disposición permite vincular la gestión climática con la protección diferenciada de las poblaciones vulnerables.Asimismo, las disposiciones sobre planificación territorial, adaptación y mitigación permiten sostener que la respuesta estatal frente al cambio climático debe incorporarse en las decisiones públicas y no limitarse a acciones aisladas. Desde la perspectiva de la justicia climática, estas obligaciones deben interpretarse junto con los derechos constitucionales al ambiente sano, al agua y a la salud, así como con los derechos de la naturaleza.- Aplicación práctica:La justicia climática puede aplicarse, por ejemplo, cuando una comunidad rural depende de una fuente de agua que comienza a disminuir como consecuencia de sequías prolongadas. En este escenario, el Estado no debería limitarse a reconocer que existe un fenómeno climático, sino que debe adoptar medidas de adaptación, garantizar el acceso al agua y proteger especialmente a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.También puede aplicarse frente a actividades económicas que generan contaminación o contribuyen al deterioro ambiental. En estos casos, la protección debe considerar tanto los derechos de las personas afectadas como los derechos de la naturaleza.- Caso práctico:Supongamos que una comunidad amazónica vive cerca de una zona donde se desarrolla una actividad hidrocarburífera. La contaminación y las emisiones generadas por esta actividad afectan la calidad del agua, la salud de la población y los ecosistemas.Desde una perspectiva de justicia climática, la autoridad debe analizar no solamente si la actividad posee autorización administrativa, sino también si las medidas adoptadas son suficientes para prevenir daños, proteger a la población vulnerable y garantizar los derechos de la naturaleza.En consecuencia, la existencia de una autorización administrativa no elimina las obligaciones constitucionales de prevención, protección y reparación ambiental.- Jurisprudencia:a) Sentencia No. 1149-19-JP/21 – Caso Bosque Protector Los Cedros:Esta sentencia constituye un precedente importante para analizar la justicia climática desde la protección de los derechos de la naturaleza.La Corte Constitucional examinó una acción de protección relacionada con actividades mineras en el Bosque Protector Los Cedros y desarrolló aspectos relacionados con los derechos de la naturaleza, el principio de precaución, el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano y la consulta ambiental.La Corte determinó que se habían vulnerado los derechos de la naturaleza del Bosque Protector Los Cedros, el derecho al agua y el derecho de las comunidades a ser consultadas respecto de decisiones que podían afectar el ambiente. Además, ordenó medidas de reparación y ajustes a la normativa ambiental.Este precedente resulta importante para la justicia climática porque demuestra que la protección ambiental debe considerar los riesgos futuros y no únicamente los daños que ya se hayan producido.b) Sentencia No. 2167-21-EP/22 – Caso Río Monjas:Otro precedente relevante es la Sentencia No. 2167-21-EP/22, relacionada con el río Monjas. La Corte Constitucional analizó la responsabilidad ambiental de una autoridad municipal y vinculó la protección del ambiente con derechos como el ambiente sano, el hábitat seguro, el agua, el desarrollo sostenible, los derechos de la naturaleza y la reparación integral.Este caso permite comprender que los problemas ambientales pueden generar consecuencias sobre varios derechos simultáneamente, por lo que las autoridades deben adoptar una protección integral y no fragmentada.- Observación jurídica:La justicia climática no significa que todas las personas deban soportar las mismas obligaciones ambientales de manera idéntica. Precisamente su finalidad es reconocer que existen diferentes niveles de responsabilidad y vulnerabilidad.Por ello, las políticas públicas deben procurar que las medidas de adaptación y mitigación no produzcan nuevas desigualdades. Por ejemplo, una medida destinada a proteger determinado ecosistema no debería ejecutarse sin considerar los derechos de las comunidades que dependen de él.De esta manera, la justicia climática exige armonizar tres elementos: protección de los derechos humanos, protección de la naturaleza y distribución equitativa de las cargas y beneficios de la acción climática.Además, actualmente la Asamblea Nacional ha impulsado una reforma al Código Orgánico del Ambiente en materia de cambio climático, orientada a fortalecer la mitigación, adaptación, gestión de pérdidas y daños y financiamiento climático. Sin embargo, al encontrarse dentro del proceso legislativo, debe distinguirse de la normativa vigente hasta su eventual promulgación y publicación.- Importancia:La justicia climática permite fortalecer la protección constitucional del ambiente y de la naturaleza, especialmente frente a situaciones en las que los efectos del cambio climático recaen con mayor intensidad sobre determinados sectores de la población.Su importancia también radica en que obliga a superar una visión exclusivamente preventiva del cambio climático. No basta con reducir emisiones; también es necesario proteger a las personas vulnerables, garantizar su participación, prevenir daños, asegurar la adaptación y establecer mecanismos efectivos de reparación cuando se produzcan afectaciones.En conclusión, la justicia climática constituye un enfoque jurídico necesario para enfrentar los efectos desiguales del cambio climático. En Ecuador encuentra fundamento en la Constitución, especialmente en las disposiciones relativas al ambiente sano, los derechos de la naturaleza, la restauración, la protección ambiental y la obligación estatal de adoptar medidas frente al cambio climático.En consecuencia, enfrentar la crisis climática no puede reducirse a una cuestión técnica o ambiental. Implica garantizar derechos, distribuir de manera equitativa las responsabilidades, proteger a las comunidades vulnerables y asegurar la conservación de la naturaleza. La justicia climática permite, por tanto, construir una respuesta estatal que sea no solamente ambientalmente sostenible, sino también jurídicamente justa y socialmente equitativa.- Referencias: · Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador.· Asamblea Nacional del Ecuador. (2026). Código Orgánico del Ambiente. · Corte Constitucional del Ecuador. (2021). Sentencia No. 1149-19-JP/21.· Corte Constitucional del Ecuador. (2022). Sentencia No. 2167-21-EP/22. · Asamblea Nacional del Ecuador. (2026). Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente en materia de cambio climático.Blog escrito por la Consultora Salomé Albarracín23 de octubre del 2026
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El abuso sexual constituye una infracción penal que atenta contra la libertad e integridad sexual de las personas. En Ecuador, el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica esta conducta y establece distintas penas privativas de libertad según las circunstancias del hecho, la edad y las condiciones de la víctima, así como la existencia de determinadas agravantes relacionadas con la grabación o transmisión del acto.Conocer el alcance de esta disposición permite comprender cuándo una conducta puede constituir abuso sexual, cuáles son las circunstancias que incrementan la sanción y qué consecuencias penales contempla la legislación ecuatoriana.1. ¿Qué establece el artículo 170 del COIP?El artículo 170 del COIP sanciona a quien, contra la voluntad de otra persona, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma o sobre otra persona un acto de naturaleza sexual, siempre que no exista penetración o acceso carnal.Uno de los elementos centrales de este delito es la realización de un acto de naturaleza sexual sin el consentimiento de la persona afectada. Asimismo, la disposición comprende tanto los actos ejecutados directamente por el agresor como aquellos que obliga a realizar a la víctima sobre sí misma o sobre un tercero.La norma diferencia el abuso sexual de otras infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, atendiendo a las características de la conducta y a la ausencia de penetración o acceso carnal, sin perjuicio de la calificación jurídica que corresponda según los hechos concretos.2. ¿Cuáles son las penas por abuso sexual?El artículo 170 establece diferentes rangos de penas privativas de libertad, de acuerdo con las circunstancias previstas en la norma:● Regla general: de tres a cinco años de privación de libertad.● Circunstancias agravadas: de siete a diez años cuando la víctima sea menor de catorce años o tenga discapacidad; cuando no pueda comprender el significado del hecho o resistirlo; o cuando, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente, o contraiga una enfermedad grave o mortal.● Víctimas menores de seis años: de diez a trece años de privación de libertad.Estas categorías responden a circunstancias específicas contempladas en la ley. Por ello, para determinar la pena aplicable es necesario establecer las condiciones de la víctima y las consecuencias que se deriven de la conducta investigada.3. Grabación o transmisión digital del abuso sexualEl artículo 170 también contempla una consecuencia penal específica cuando el abuso sexual es grabado o transmitido en vivo intencionalmente por la persona agresora, mediante cualquier medio digital, dispositivo electrónico o tecnología de la información y comunicación.En estos casos, la norma dispone la aplicación del máximo de las penas establecidas en los incisos precedentes. La disposición busca sancionar con mayor severidad la utilización de medios tecnológicos para registrar o transmitir la agresión sexual.Adicionalmente, se establece la aplicación del máximo de las penas correspondientes cuando, además de grabar o transmitir el abuso sexual, se agrede físicamente a la víctima y dicha agresión también es grabada o transmitida.En consecuencia, la utilización de dispositivos electrónicos no es un aspecto accesorio, sino una circunstancia expresamente considerada por el legislador para determinar la sanción penal.4. La importancia de las circunstancias de cada casoLa aplicación del artículo 170 del COIP exige analizar los hechos concretos y determinar si la conducta reúne los elementos del tipo penal. No basta con una afirmación general sobre la existencia de un acto de naturaleza sexual; corresponde examinar las circunstancias de su ejecución, la voluntad de la persona afectada, las condiciones de la víctima y los demás elementos relevantes para establecer la responsabilidad penal.En el marco de una investigación, la valoración de los elementos probatorios debe permitir esclarecer lo sucedido y determinar si concurren las circunstancias que modifican el rango de la pena. Del mismo modo, la imputación debe sustentarse en hechos verificables y en una calificación jurídica debidamente fundamentada.El artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal establece un régimen sancionatorio diferenciado para el delito de abuso sexual, con penas que van de tres a trece años de privación de libertad, según las circunstancias previstas en la disposición. Asimismo, contempla la imposición del máximo de las penas correspondientes cuando el abuso sexual sea grabado o transmitido intencionalmente y cuando concurran las condiciones adicionales relacionadas con la agresión física también registrada o transmitida.La correcta aplicación de esta norma requiere analizar cada caso de manera individual, identificar los elementos constitutivos de la infracción y verificar las circunstancias que determinan la sanción aplicable. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. 180.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoMartes, 20 de octubre del 2026
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Definición:El derecho a conocer el origen biológico constituye una manifestación del derecho a la identidad, mediante el cual toda persona, especialmente los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a conocer información relacionada con su procedencia familiar, sus progenitores y su realidad genética. Este derecho permite que una persona pueda conocer aspectos fundamentales de su historia personal y familiar y desarrollar su identidad de manera libre.En Ecuador, el derecho a la identidad está reconocido en el artículo 66 numeral 28 de la Constitución de la República, que incluye la nacionalidad, el nombre y apellido, así como la procedencia familiar. Por ello, el conocimiento del origen biológico se relaciona directamente con la dignidad, la identidad personal y el libre desarrollo de la personalidad. La Corte Constitucional ha reconocido que dentro del derecho a la identidad se encuentra el derecho a conocer la verdad biológica y la procedencia familiar.Este derecho adquiere especial importancia durante la niñez y adolescencia, debido a que el conocimiento de los antecedentes familiares puede contribuir al desarrollo de la personalidad y a la construcción de la propia historia. Sin embargo, conocer el origen biológico no significa que necesariamente deba modificarse la filiación jurídica existente, pues la identidad también comprende dimensiones afectivas, familiares y sociales.2. Importancia:Conocer el origen biológico permite que una persona tenga acceso a información relacionada con su historia familiar y pueda construir su identidad con conocimiento de sus antecedentes. También puede resultar relevante para establecer relaciones de filiación, conocer antecedentes médicos hereditarios y ejercer otros derechos relacionados con la identidad.En el caso de niños, niñas y adolescentes, este derecho debe analizarse conjuntamente con el interés superior del niño, debido a que cualquier decisión relacionada con su identidad debe procurar proteger su desarrollo integral y evitar afectaciones innecesarias a su estabilidad familiar.3. Características:El derecho a conocer el origen biológico presenta las siguientes características: Es parte del derecho a la identidad: La procedencia familiar constituye uno de los elementos de la identidad personal. Es personal: Corresponde directamente a la persona conocer aspectos relacionados con su propia historia. Está relacionado con la dignidad humana: Conocer el propio origen permite desarrollar la identidad con mayor conocimiento de la historia personal. Tiene dimensión familiar: Puede permitir determinar o investigar vínculos de parentesco y filiación. Puede requerir investigación: En determinados casos pueden utilizarse pruebas científicas, como el examen de ADN. Debe armonizarse con otros derechos: Su ejercicio puede involucrar la intimidad, la protección familiar y el interés superior de niños y adolescentes. 4. Normativa ecuatoriana:El principal fundamento se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador.El artículo 44 establece la obligación del Estado, la sociedad y la familia de promover prioritariamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, mientras que el artículo 45 reconoce que son titulares de los derechos comunes a todas las personas y de aquellos específicos de su edad.De manera más directa, el artículo 66 numeral 28 reconoce el derecho a la identidad personal y colectiva, incluyendo la procedencia familiar. Esta disposición constituye uno de los principales fundamentos constitucionales del derecho a conocer el origen biológico.El Código de la Niñez y Adolescencia, por su parte, reconoce el derecho a la identidad y establece garantías relacionadas con la identificación, las relaciones de filiación y el conocimiento de los progenitores. Además, sus normas sobre filiación permiten recurrir a mecanismos de investigación de la maternidad y paternidad.También resulta relevante la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, cuyo objeto es garantizar el derecho a la identidad y regular el registro de los hechos y actos relacionados con el estado civil y la identificación de las personas.5. Aplicación:El derecho a conocer el origen biológico puede presentarse en situaciones como la investigación de paternidad o maternidad, impugnación de filiación, adopción, reproducción asistida o cuando una persona desconoce quiénes son sus progenitores biológicos.En estos casos, la autoridad debe realizar una ponderación entre los derechos involucrados. Por ejemplo, el interés de una persona en conocer su origen puede relacionarse con la intimidad o los derechos de otras personas, por lo que la solución debe buscar un equilibrio que permita proteger la identidad sin generar afectaciones injustificadas.6. Caso práctico:Supongamos que un adolescente descubre que la persona registrada legalmente como su padre no coincide con su posible padre biológico y manifiesta su deseo de conocer la verdad sobre su origen. En este caso, no debería descartarse su solicitud únicamente por ser menor de edad.La autoridad debe considerar su edad, madurez, interés superior y derecho a la identidad, además de analizar las pruebas disponibles. Cuando corresponda, una prueba genética puede constituir un medio científico relevante para establecer la existencia o inexistencia de un vínculo biológico.Sin embargo, debe distinguirse entre origen biológico y filiación jurídica. Una persona puede tener una realidad genética determinada y, al mismo tiempo, mantener vínculos familiares y afectivos construidos durante su vida. Por ello, cualquier modificación de la filiación debe analizarse conforme a las normas aplicables y a los derechos de todas las personas involucradas.7. Jurisprudencia ecuatoriana:- Derecho a conocer la verdad biológica como parte de la identidad:La jurisprudencia constitucional ecuatoriana ha reconocido expresamente que el derecho a la identidad no se limita al nombre o a los datos registrados oficialmente. La Corte Constitucional ha señalado que la identidad personal comprende diversos elementos, entre ellos la verdad biológica, la procedencia familiar y la información genética, elementos que pueden ser relevantes para establecer vínculos de filiación y conocer la verdadera historia familiar.Este criterio resulta importante porque permite comprender que el derecho a conocer el origen biológico constituye una dimensión de la identidad. La persona no debe ser reducida únicamente a la información que consta en un registro civil, especialmente cuando existen circunstancias que justifican investigar su verdadera procedencia familiar.La jurisprudencia también ha señalado que la investigación de la maternidad o paternidad busca privilegiar la verdad real sobre la verdad meramente formal, utilizando los medios probatorios reconocidos por la ley. En este contexto, la prueba genética puede convertirse en una herramienta fundamental para determinar la existencia de un vínculo biológico.- Sentencia No. 352-22-EP/24:La Sentencia No. 352-22-EP/24 de la Corte Constitucional resulta relevante para el análisis del derecho a la identidad de niños y adolescentes. El caso estuvo relacionado con la inscripción extraordinaria de nacimiento de un adolescente. La Corte aceptó la acción extraordinaria de protección y declaró la vulneración de los derechos del adolescente a la identidad, a ser escuchado y a acceder a servicios públicos de calidad.La importancia de esta decisión radica en que demuestra que el derecho a la identidad tiene una dimensión práctica: el Estado debe establecer procedimientos adecuados que permitan a niños, niñas y adolescentes acceder al reconocimiento jurídico de su identidad.Aunque el caso no se limita exclusivamente al conocimiento del origen biológico, resulta útil para este tema porque evidencia que la identidad de un niño o adolescente requiere una protección efectiva por parte de las instituciones públicas. El reconocimiento de la identidad no puede depender de procedimientos administrativos que, por sus obstáculos, terminen dejando a una persona sin una adecuada identificación jurídica. - Sentencia No. 1203-21-JP/24:También es relevante la Sentencia No. 1203-21-JP/24, relacionada con el derecho a la identidad de una niña perteneciente a la nacionalidad Awa. En este caso, la Corte Constitucional analizó la negativa de las autoridades a registrar el nombre elegido por su familia de acuerdo con su identidad cultural.La Corte explicó que el derecho a la identidad de los niños y niñas no se limita al nombre, sino que comprende elementos lingüísticos, históricos, sociales, espirituales y culturales. Por ello, la Corte reconoció una dimensión individual y otra colectiva del derecho a la identidad.Esta sentencia permite ampliar el análisis del origen biológico: la identidad de una persona está compuesta por múltiples elementos. El origen familiar y biológico es importante, pero no constituye por sí solo toda la identidad. También deben considerarse los vínculos familiares, culturales, sociales y afectivos que forman parte de la historia individual.8. Observación jurídica:El derecho a conocer el origen biológico debe ser protegido como una manifestación del derecho a la identidad, pero no debe entenderse como un derecho absoluto que automáticamente desplace cualquier otra relación familiar.Es necesario diferenciar entre identidad biológica, identidad filiatoria e identidad afectiva. En determinadas circunstancias pueden coincidir, pero también pueden ser diferentes. Por ejemplo, una persona adoptada puede tener una familia biológica distinta de la familia con la que ha construido sus vínculos afectivos y jurídicos.Por ello, el desafío jurídico consiste en permitir que la persona pueda conocer su origen y su historia sin desconocer automáticamente otros derechos y vínculos familiares que también merecen protección.9. Importancia:La protección de este derecho contribuye al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y fortalece su derecho a construir su identidad con conocimiento de su historia personal. Además, puede facilitar la determinación de vínculos de filiación y el acceso a información relevante sobre antecedentes familiares.Desde una perspectiva jurídica, su reconocimiento demuestra que el derecho de familia no debe limitarse exclusivamente a las relaciones registradas formalmente, sino que también debe considerar la verdad biológica y la realidad personal de cada individuo.En conclusión, el derecho a conocer el origen biológico constituye una dimensión esencial del derecho a la identidad, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. En Ecuador, encuentra fundamento constitucional en el derecho a la identidad y a la procedencia familiar, además de relacionarse con las normas sobre filiación y protección integral.Su ejercicio permite que una persona conozca aspectos fundamentales de su historia familiar y pueda desarrollar su identidad con mayor libertad. Sin embargo, su aplicación debe realizarse de manera equilibrada, considerando el interés superior del niño, la dignidad, la intimidad y los vínculos familiares existentes.En consecuencia, conocer el origen biológico no significa desconocer automáticamente a la familia con la que una persona ha crecido, sino garantizar el acceso a la verdad sobre la propia procedencia como parte de una identidad integral. Referencias:- Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador.- Congreso Nacional del Ecuador. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia.- Asamblea Nacional del Ecuador. (2016). Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.- Corte Constitucional del Ecuador. (2024). Sentencia No. 352-22-EP/24.- Corte Constitucional del Ecuador. (2024). Sentencia No. 1203-21-JP/24.- Corte Constitucional del Ecuador. (2025). Jurisprudencia sobre el derecho a la identidad, procedencia familiar y verdad biológica. Blog escrito por la Consultora Slomé Albarracín Miércoles, 14 de octubre del 2026
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