Recuerda que el valor mínimo legal para calcular es un sueldo básico.
Si tiene uno o varios hijos con discapacidad marque únicamente la casilla que corresponde al nivel de inhabilitación del menor de edad. Recuerde que se calcula este valor tomando en cuenta el porcentaje establecido para el nivel de mayor discapacidad.
Noticias de la actualidad legal y preguntas frecuentes
ETAPAS, DERECHOS DEL DEUDOR Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓNEl procedimiento de ejecución coactiva constituye el mecanismo mediante el cual el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito puede exigir el pago forzoso de obligaciones pendientes cuando estas no han sido canceladas voluntariamente. Este procedimiento se encuentra regulado en la Resolución ADMQ 030-2024, que contiene el Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva del GAD del Distrito Metropolitano de Quito, y se complementa con las disposiciones del Código Tributario y del Código Orgánico Administrativo (COA).Conocer las etapas del procedimiento permite a los administrados ejercer oportunamente su derecho a la defensa y evitar que la deuda avance hasta medidas como el embargo o el remate de bienes.La notificación: el inicio formal del procedimientoTodo procedimiento coactivo comienza con la emisión del Auto de Pago o de la Orden de Pago Inmediato, según la naturaleza de la obligación.El artículo 23 del Reglamento establece que la citación y notificación deben realizarse conforme a la legislación aplicable:● Para obligaciones tributarias, se aplican las reglas previstas en los artículos 163 y siguientes del Código Tributario.● Para obligaciones no tributarias, se observan los artículos 164 y siguientes del Código Orgánico Administrativo.La correcta notificación constituye un requisito indispensable, pues únicamente a partir de ella comienzan a correr los plazos para ejercer los mecanismos de defensa previstos en la ley.¿Qué ocurre si se incumplen las facilidades de pago?Cuando el contribuyente obtiene un convenio o facilidad para cancelar la obligación y posteriormente incumple los pagos acordados, el procedimiento coactivo no se reactiva automáticamente.El artículo 24 dispone que, antes de iniciar o continuar la ejecución, la administración debe verificar que no exista:● un reclamo administrativo pendiente;● una resolución aún no emitida;● un recurso administrativo en trámite; o● una acción judicial presentada respecto del título de crédito u obligación.Esta verificación busca evitar que la administración ejecute una obligación cuya legalidad todavía se encuentra siendo discutida.Inicio de la ejecución coactivaUna vez asignado el expediente al Secretario Ad-hoc, se elabora el Auto de Pago o la Orden de Pago Inmediato.Conforme al artículo 27, dicho acto debe contener información esencial, entre ella:● identificación del proceso coactivo;● fecha de inicio;● obligación pendiente;● título de crédito;● naturaleza de la obligación;● año al que corresponde la deuda;● valor inicial;● costas de ejecución; y● monto total adeudado.Además, el funcionario ejecutor puede disponer medidas precautelatorias o medidas cautelares desde esta etapa, cuando la normativa lo permita.Las excepciones: principal mecanismo de defensa del deudorUno de los aspectos más importantes del procedimiento es la posibilidad de presentar excepciones a la coactiva.El artículo 28 del Reglamento reconoce que el deudor dispone de 20 días, contados desde el día hábil siguiente a la notificación del Auto de Pago o de la Orden de Pago Inmediato, para interponer la demanda correspondiente.Entre las excepciones previstas por la legislación pueden encontrarse, según el caso:● inexistencia de la obligación;● pago total o parcial;● prescripción;● nulidad del título ejecutivo;● falta de competencia; y● demás causales previstas en el Código Tributario o en el Código Orgánico Administrativo.Si las excepciones son presentadas oportunamente, el funcionario ejecutor debe remitir al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, dentro del plazo legal, copias certificadas del expediente administrativo junto con sus observaciones, conforme dispone el artículo 29.El embargo: cuando la obligación continúa impagaSi el deudor no cancela la obligación ni señala bienes suficientes para garantizar el crédito, el órgano ejecutor puede ordenar el embargo.El artículo 30 establece que el embargo se realizará mediante Auto de Embargo emitido por el Recaudador Especial de Coactivas y certificado por el Secretario Ad-hoc.Dependiendo del tipo de bien, el procedimiento presenta particularidades.Embargo de bienes inmueblesAntes del embargo debe solicitarse al Registrador de la Propiedad el certificado de gravámenes.Si no existen impedimentos legales, se ordenará el embargo y posteriormente se notificará al Registro de la Propiedad para su inscripción.Embargo de empresasCuando el embargo recaiga sobre empresas, deberán observarse las reglas especiales previstas tanto en el Código Tributario como en el Código Orgánico Administrativo.Embargo de cuentas bancariasEl artículo 33 regula específicamente el embargo de valores depositados en entidades financieras.Cuando el banco o cooperativa informe la existencia de fondos retenidos, el Recaudador Especial emitirá el Auto de Embargo indicando:● número de cuenta;● titular;● monto retenido; y● comunicación emitida por la entidad financiera.Posteriormente, los valores embargados serán transferidos a la cuenta institucional del Municipio para imputarlos a la deuda objeto del proceso.Avalúo y remate de los bienesUna vez practicado el embargo, corresponde realizar el avalúo pericial de los bienes.El artículo 34 reconoce al coactivado el derecho de conocer el informe pericial y formular observaciones dentro del plazo de tres días.Solo una vez superada esta etapa podrá ordenarse el llamamiento a remate.Es importante destacar que el Reglamento permite que el deudor cancele íntegramente la obligación hasta antes del remate, evitando así la pérdida definitiva de sus bienes.La importancia de ejercer oportunamente el derecho de defensaAunque el procedimiento coactivo otorga amplias facultades a la administración para recuperar créditos públicos, dichas facultades deben ejercerse respetando el debido proceso.Una notificación irregular, la prescripción de la acción de cobro, errores en el título de crédito o actuaciones administrativas que vulneren la normativa pueden ser cuestionadas mediante las excepciones correspondientes.Por ello, resulta fundamental que toda persona que reciba un Auto de Pago o una Orden de Pago Inmediato revise inmediatamente el expediente administrativo y obtenga asesoría jurídica especializada, ya que los plazos para ejercer la defensa son breves y su vencimiento puede permitir que el procedimiento continúe hasta el embargo y posterior remate de bienes.El Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva del Municipio de Quito desarrolla de manera detallada las distintas fases del procedimiento de ejecución coactiva, desde la notificación inicial hasta el eventual remate de bienes.Su contenido busca equilibrar dos intereses: por un lado, la potestad de la administración para recaudar créditos públicos y, por otro, el derecho del administrado a ejercer una defensa efectiva mediante la interposición de excepciones y el control judicial de las actuaciones administrativas.En consecuencia, conocer cada etapa del procedimiento no solo permite comprender las facultades del Municipio, sino también identificar las herramientas legales disponibles para proteger los derechos del contribuyente cuando la actuación administrativa no se ajusta a la normativa vigente. Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (2024). Resolución No. ADMQ 030-2024: Reglamento para el ejercicio de la jurisdicción coactiva del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoViernes, 17 de julio del 2026
Leer más...
La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las tecnologías con mayor impacto en la sociedad contemporánea. Actualmente, se utiliza en diversos ámbitos como la salud, la educación, el comercio, el sistema financiero, la administración pública y la justicia, permitiendo automatizar procesos y facilitar la toma de decisiones. Sin embargo, el creciente uso de sistemas inteligentes también plantea importantes desafíos jurídicos, especialmente cuando su funcionamiento ocasiona daños a las personas o a su patrimonio.En el Ecuador no existe una ley específica que regule la responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial. No obstante, ello no significa que los daños ocasionados por estas tecnologías queden sin protección jurídica. En estos casos, resulta aplicable la normativa general sobre responsabilidad civil prevista en el Código Civil, así como los principios constitucionales relacionados con la dignidad humana, la seguridad jurídica, la protección de datos personales y la reparación integral. Por ello, el estudio de esta materia representa uno de los mayores retos del Derecho contemporáneo.· Definición:La inteligencia artificial es el conjunto de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, reconocer imágenes, procesar lenguaje natural, formular recomendaciones o tomar decisiones mediante algoritmos y modelos de aprendizaje automático.Por su parte, la responsabilidad civil es la obligación jurídica de reparar los daños causados a otra persona cuando estos provienen de una conducta antijurídica, culposa, negligente o, en determinados casos, objetiva.En consecuencia, la responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial consiste en la obligación de indemnizar los daños ocasionados por sistemas inteligentes cuando estos afecten derechos o intereses legítimos de terceros.· Fundamento legal:Aunque Ecuador no cuenta con una ley especial sobre inteligencia artificial, esta materia encuentra respaldo en diversas normas del ordenamiento jurídico:1. Constitución de la República del Ecuador: Artículo 11: Principio de aplicación directa e inmediata de los derechos. Artículo 66 numeral 19: Reconoce el derecho de todas las personas a la protección de sus datos personales, estableciendo que el tratamiento de esta información debe realizarse respetando la privacidad, el consentimiento y las garantías previstas por la ley. Este artículo adquiere especial importancia frente al uso de sistemas de inteligencia artificial, ya que muchos algoritmos funcionan mediante el procesamiento masivo de datos personales. Artículo 66 numeral 25: Derecho al acceso a bienes y servicios públicos y privados de calidad. Artículo 75: Derecho a la tutela judicial efectiva. Artículo 76: Garantía del debido proceso. Artículo 82: Garantiza la seguridad jurídica, la cual exige que toda actuación estatal o privada se encuentre fundamentada en normas claras, públicas y previamente establecidas. En materia de inteligencia artificial, este principio implica la necesidad de desarrollar un marco jurídico que regule adecuadamente el uso de estas tecnologías y establezca mecanismos claros de responsabilidad frente a los daños que puedan ocasionar.2. Código Civil: Artículo 2214: Responsabilidad por delitos y cuasidelitos civiles. Artículos 2215 al 2229: Régimen general de indemnización por daños y perjuicios. 3. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales: Principios de licitud, finalidad, transparencia, minimización de datos, responsabilidad proactiva y seguridad del tratamiento. Derechos de acceso, rectificación, eliminación, oposición y portabilidad de los datos personales. 4. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (Código Ingenios) Normas relacionadas con innovación tecnológica, investigación científica y desarrollo tecnológico. · Características de la responsabilidad civil en la inteligencia artificial:1. Surge cuando existe un daño: La responsabilidad civil únicamente nace cuando el funcionamiento o utilización de un sistema de inteligencia artificial ocasiona un perjuicio real a una persona o a sus bienes.Ejemplo: Un sistema automatizado utilizado por un hospital emite un diagnóstico incorrecto debido a un error del algoritmo, ocasionando un tratamiento inadecuado y afectando la salud del paciente.2. Puede involucrar a varios responsables: A diferencia de otros supuestos de responsabilidad civil, en los casos relacionados con inteligencia artificial pueden intervenir diversos sujetos, entre ellos: El desarrollador del software. La empresa fabricante. El proveedor del sistema. La institución que utiliza la inteligencia artificial. El operador humano cuando actúe con negligencia. Por ello, corresponde al juez determinar quién debe responder por los daños ocasionados.3. Debe demostrarse el daño y el nexo causal:Para que exista responsabilidad civil es necesario acreditar: La existencia del daño. La conducta que originó el daño. La relación causal entre el funcionamiento del sistema de inteligencia artificial y el perjuicio ocasionado. Estos elementos constituyen la base del régimen general de responsabilidad civil previsto en el Código Civil.4. Protege derechos fundamentales:El uso indebido de la inteligencia artificial puede afectar diversos derechos constitucionales, entre ellos: Derecho a la privacidad. Protección de datos personales. Igualdad y no discriminación. Honor. Imagen. Debido proceso. Seguridad jurídica. 5. Exige reparación integral: Cuando se demuestra la existencia de responsabilidad, la víctima tiene derecho a obtener una reparación integral que comprenda la indemnización por los daños materiales e inmateriales ocasionados.· Casos en los que puede existir responsabilidad civil:La responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial puede presentarse en situaciones como: Errores médicos ocasionados por sistemas de diagnóstico automatizados. Accidentes provocados por vehículos autónomos. Discriminación algorítmica en procesos de contratación laboral. Uso indebido de datos personales para entrenar modelos de inteligencia artificial. Suplantación de identidad mediante imágenes o videos generados con inteligencia artificial (deepfakes). Difusión de información falsa que afecte el honor o la reputación de una persona. Errores en sistemas financieros automatizados que ocasionen perjuicios económicos. Desafíos jurídicos:Entre los principales retos que enfrenta el Derecho ecuatoriano respecto a la inteligencia artificial se encuentran: La ausencia de una legislación específica. La dificultad para determinar quién responde por los daños ocasionados por sistemas autónomos. La necesidad de garantizar transparencia y explicabilidad en los algoritmos. La protección efectiva de los datos personales. La regulación del uso ético de la inteligencia artificial. La adaptación de las normas tradicionales de responsabilidad civil a las nuevas tecnologías. · Jurisprudencia relevante:En la actualidad, la Corte Constitucional del Ecuador y la Corte Nacional de Justicia no han emitido una sentencia que establezca un precedente vinculante específico sobre la responsabilidad civil derivada de la inteligencia artificial. Sin embargo, existen decisiones relacionadas con la protección de datos personales, el derecho a la privacidad, el debido proceso y la seguridad jurídica, principios que resultan aplicables cuando el uso de sistemas de inteligencia artificial ocasiona vulneraciones de derechos.En el ámbito comparado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han desarrollado criterios relevantes sobre el tratamiento automatizado de datos personales, la transparencia algorítmica y la protección de los derechos fundamentales frente a decisiones automatizadas. Estos precedentes constituyen una referencia importante para el desarrollo futuro del Derecho ecuatoriano.· Importancia:La regulación de la responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial es fundamental para garantizar que el avance tecnológico se desarrolle dentro de un marco de respeto a los derechos humanos y a la seguridad jurídica. Aunque la inteligencia artificial ofrece importantes beneficios para la sociedad, también puede generar riesgos cuando produce decisiones erróneas, discriminatorias o lesivas para las personas. En este contexto, resulta indispensable que el ordenamiento jurídico establezca mecanismos eficaces para identificar a los responsables, reparar los daños ocasionados y prevenir futuras afectaciones, fortaleciendo así la confianza en el desarrollo y utilización de estas tecnologías.En conclusión, la inteligencia artificial representa uno de los mayores desafíos para el Derecho contemporáneo, ya que plantea interrogantes sobre la aplicación de las normas tradicionales de responsabilidad civil frente a tecnologías capaces de actuar con altos niveles de autonomía. Aunque el Ecuador aún no cuenta con una legislación específica sobre esta materia, la Constitución, el Código Civil y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales proporcionan un marco jurídico que permite exigir la reparación de los daños ocasionados por el uso indebido de sistemas inteligentes. No obstante, el constante avance tecnológico evidencia la necesidad de desarrollar una regulación especializada que defina claramente las responsabilidades de desarrolladores, fabricantes, proveedores y usuarios, garantizando la protección efectiva de los derechos de las personas.Observación: Actualmente, el Ecuador no cuenta con una ley especial que regule de manera integral la inteligencia artificial ni la responsabilidad civil derivada de su uso. En consecuencia, los conflictos relacionados con daños ocasionados por sistemas de inteligencia artificial deben resolverse aplicando las normas generales de la Constitución, el Código Civil, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y los principios generales del Derecho, sin perjuicio de la evolución legislativa y jurisprudencial futura sobre esta materia. Referencias: Constitución de la República del Ecuador (2008), arts. 11, 66 numerales 19 y 25, 75, 76 y 82. Código Civil del Ecuador, arts. 2214 al 2229 (responsabilidad por delitos y cuasidelitos civiles). Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021). Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios). Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, UNESCO (2021). Reglamento (UE) 2024/1689 sobre Inteligencia Artificial (AI Act), como referencia comparada.Blog escrito por la Consulora Salomé Albarracín Miércoles, 15 de julio del 2026
Leer más...
ALCANCE, EXCEPCIONES Y EFECTOS PROCESALES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOSEl procedimiento coactivo constituye el mecanismo mediante el cual las entidades públicas ejercen su potestad para cobrar obligaciones exigibles a su favor, sin necesidad de acudir previamente a un proceso declarativo. Sin embargo, esta facultad no es ilimitada, pues se encuentra sometida a los principios de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso, entre ellos la institución de la prescripción. La prescripción impide que la Administración pueda ejercer indefinidamente su facultad de cobro y constituye un medio de extinción de la acción coactiva cuando ha transcurrido el plazo previsto en la ley sin que la entidad acreedora haya ejercido oportunamente su derecho. La prescripción como límite al ejercicio de la acción El artículo 307 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) establece que, en los procesos contencioso administrativos y en aquellas materias especiales cuya legislación contemple un plazo de prescripción para ejercer la acción, el juzgador tiene la obligación de verificar que la demanda haya sido presentada dentro del término legal correspondiente. Si la acción se interpone fuera del plazo establecido, la demanda deberá ser inadmitida. Esta disposición refleja un principio fundamental del derecho procesal: el acceso a la jurisdicción depende del ejercicio oportuno de la acción. La prescripción, por tanto, no constituye únicamente un mecanismo de defensa del demandado, sino también un presupuesto procesal cuya observancia debe ser verificada por el órgano jurisdiccional cuando la ley expresamente así lo dispone. En materia coactiva, el término de prescripción no se encuentra regulado por el COGEP, sino por la normativa sustantiva aplicable a cada obligación, como puede ocurrir en materia tributaria, administrativa, de seguridad social u otras leyes especiales. La prescripción como excepción a la ejecución coactiva El artículo 316 del COGEP reconoce expresamente la prescripción de la acción de cobro como una de las excepciones que pueden proponerse dentro del procedimiento coactivo. En particular, el numeral 2 dispone que el coactivado podrá alegar la extinción total o parcial de la obligación por solución o pago, compensación, confusión, remisión o prescripción de la acción de cobro. Esta excepción tiene por finalidad impedir la continuación de un procedimiento ejecutivo cuando el derecho de la entidad acreedora para exigir el pago ha desaparecido por el transcurso del tiempo previsto en la ley. No obstante, la norma también establece una limitación importante: cuando la prescripción ya fue discutida y resuelta por la jurisdicción contenciosa, no podrá volver a plantearse como excepción dentro del procedimiento coactivo. Esta restricción responde al principio de cosa juzgada y evita que una controversia previamente decidida sea nuevamente sometida a conocimiento judicial. Carga probatoria de quien invoca la prescripción La sola alegación de la prescripción no resulta suficiente para extinguir la acción de cobro. Corresponde al coactivado demostrar que el término legal transcurrió íntegramente y que durante dicho período no existieron causas legales de interrupción o suspensión de la prescripción. Para ello, suelen analizarse elementos como: ● La fecha en que la obligación se volvió exigible. ● La emisión y notificación válida del título de crédito o del auto de pago. ● La existencia de actuaciones administrativas o judiciales con efectos interruptivos. ● Las disposiciones especiales que regulan el plazo de prescripción aplicable a la obligación discutida. En consecuencia, el análisis de la prescripción exige un estudio cronológico de las actuaciones realizadas por la entidad acreedora y de los efectos jurídicos que cada una de ellas produce sobre el cómputo del plazo. La suspensión de la ejecución coactiva Uno de los aspectos más relevantes del régimen procesal es el previsto en el artículo 317 del COGEP. Aunque el deudor interponga excepciones fundamentadas en la prescripción de la acción de cobro, la ejecución coactiva no se suspende automáticamente. Para obtener dicha suspensión, el coactivado debe consignar previamente el diez por ciento (10 %) del valor reclamado, incluidos intereses y costas. La norma es categórica al señalar que este requisito debe cumplirse incluso cuando las excepciones versen sobre la prescripción de la acción o sobre la falsificación de documentos. Si no se acompaña el comprobante de consignación junto con el escrito de excepciones, el procedimiento coactivo continuará su trámite mientras las excepciones se sustancian paralelamente. Es importante destacar que esta consignación no constituye reconocimiento de la deuda ni implica pago alguno, sino únicamente una garantía procesal para acceder al efecto suspensivo de la ejecución. Consecuencias procesales El COGEP también prevé consecuencias para la inactividad procesal del actor dentro del juicio de excepciones. Si el procedimiento permanece paralizado por treinta días debido a la falta de impulso procesal del demandante antes de dictarse sentencia, el proceso concluirá a favor de la institución acreedora. Por otra parte, el artículo 317 incorpora mecanismos alternativos de solución de conflictos al permitir la suspensión del proceso mediante la solicitud de mediación. Si las partes alcanzan un acuerdo transaccional total, el tribunal dispondrá el archivo de la causa sin imposición de costas. La prescripción constituye una garantía esencial dentro del procedimiento coactivo, pues impide que la Administración ejerza indefinidamente su facultad de cobro y fortalece el principio de seguridad jurídica. El COGEP reconoce expresamente la prescripción como una excepción procedente frente a la acción coactiva; sin embargo, exige que quien la invoque demuestre el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley especial aplicable. Asimismo, establece que la interposición de esta excepción no suspende automáticamente la ejecución, siendo necesaria la consignación del diez por ciento de la obligación para obtener dicho efecto. En definitiva, la correcta aplicación de la prescripción en los procedimientos coactivos exige un análisis conjunto del COGEP y de la normativa sustantiva que regula cada tipo de obligación, garantizando el equilibrio entre el derecho del Estado a recaudar sus créditos y la protección de los derechos del administrado frente al ejercicio tardío de la potestad de cobro. Fuente: República del Ecuador. (2015). Código Orgánico General de Procesos. Registro Oficial Suplemento 506.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoViernes, 10 de julio del 2026
Leer más...
REQUISITOS, CONTESTACIÓN Y PRUEBA SEGÚN EL COGEPLos procesos contencioso administrativos y contencioso tributarios constituyen mecanismos fundamentales para el control judicial de las actuaciones de la administración pública. A través de estas acciones, los ciudadanos pueden impugnar actos administrativos, resoluciones, contratos o disposiciones que consideren contrarios al ordenamiento jurídico o que vulneren sus derechos e intereses legítimos. En el Ecuador, el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) establece reglas especiales para estos procedimientos, particularmente en lo referente a la demanda, su contestación y los medios de prueba.Requisitos especiales de la demandaEl artículo 308 del COGEP dispone que, además de cumplir con los requisitos generales exigidos para toda demanda, quien promueva una acción contencioso administrativa o contencioso tributaria debe adjuntar documentos específicos que permitan al juzgador conocer con precisión el acto que se impugna.Entre estos documentos se encuentran:● La copia de la resolución, acto administrativo, contrato o disposición cuya legalidad se cuestiona.● La razón que acredite la fecha en que dicho acto fue notificado al interesado.● Una relación circunstanciada de los hechos o del acto impugnado.Estos requisitos no constituyen simples formalidades, sino que permiten verificar aspectos esenciales del proceso, como la competencia del órgano jurisdiccional, la oportunidad de la demanda y la identificación exacta del objeto de la controversia.Un aspecto de especial relevancia es el segundo inciso del artículo 308, incorporado mediante reforma en 2019, el cual establece que en ningún caso se archivará la demanda una vez que el legitimado activo haya presentado el escrito aclarando y completando el libelo. Esta disposición fortalece el principio de tutela judicial efectiva, evitando que errores formales subsanables impidan el acceso a la justicia y privilegiando la resolución de los conflictos sobre el fondo antes que sobre cuestiones meramente procesales.La contestación de la demanda y el deber de colaboración de la administraciónEl artículo 309 del COGEP regula la contestación de la demanda en estos procesos y mantiene el término previsto por las normas generales del Código. No obstante, establece obligaciones adicionales para la entidad demandada.La administración pública debe acompañar obligatoriamente:● Copias certificadas del acto o resolución impugnada.● El expediente administrativo original que sirvió de antecedente y que repose en los archivos de la institución.Esta obligación responde a la naturaleza propia del proceso contencioso administrativo, pues el expediente administrativo constituye la principal fuente de información sobre las actuaciones realizadas por la administración, las pruebas valoradas, los informes emitidos y la motivación que sustentó la decisión impugnada.Además, esta exigencia materializa el principio de colaboración procesal entre la administración y la Función Judicial, garantizando que el juez cuente con todos los antecedentes necesarios para ejercer un control pleno sobre la legalidad del acto administrativo.La falta de remisión del expediente administrativo puede afectar significativamente la defensa institucional e incluso influir en la valoración judicial de los hechos controvertidos.Los medios de prueba en el proceso contenciosoEl artículo 310 del COGEP adopta un criterio amplio en materia probatoria al establecer que son admisibles todos los medios de prueba, con una única excepción: la declaración de parte de los servidores públicos.Esta limitación encuentra su fundamento en la naturaleza institucional de la administración pública. A diferencia de los procesos entre particulares, en los que la confesión judicial puede constituir un importante medio probatorio, en los procesos contencioso administrativos la actuación estatal debe acreditarse principalmente mediante documentos, expedientes administrativos, informes técnicos y demás elementos objetivos que reflejen el ejercicio de la función pública.No obstante, la norma aclara expresamente que los informes solicitados por el juez a las autoridades demandadas sobre los hechos controvertidos no constituyen declaración de parte. En consecuencia, estos informes mantienen su naturaleza de documentos informativos destinados a esclarecer aspectos técnicos o administrativos relevantes para la resolución del proceso.Esta precisión evita interpretaciones restrictivas que pudieran impedir al juzgador requerir información adicional cuando resulte necesaria para el esclarecimiento de los hechos.La importancia de estas reglas procesalesLas disposiciones contenidas en los artículos 308, 309 y 310 del COGEP reflejan las particularidades propias de los procesos contencioso administrativos y tributarios. A diferencia de los litigios entre particulares, estos procesos implican el control judicial de actuaciones estatales, razón por la cual requieren reglas específicas que garanticen tanto el derecho de defensa del administrado como la adecuada colaboración de la administración pública.Asimismo, estas normas fortalecen principios fundamentales del debido proceso, tales como la tutela judicial efectiva, la verdad procesal, la igualdad de las partes y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades excesivas.Los artículos 308, 309 y 310 del COGEP establecen un régimen procesal especial destinado a garantizar que las acciones contencioso administrativas y contencioso tributarias se desarrollen sobre bases documentales sólidas y con pleno acceso a la información relevante.Mientras el demandante debe identificar claramente el acto impugnado y acreditar su notificación, la administración tiene el deber de aportar el expediente administrativo que respalda su actuación. Paralelamente, el régimen probatorio permite la utilización de todos los medios de prueba legalmente admitidos, con la excepción de la declaración de parte de los servidores públicos, preservando así la objetividad que caracteriza al control judicial de la actividad administrativa.En definitiva, estas disposiciones buscan equilibrar la relación entre el ciudadano y la administración pública, permitiendo que el juez cuente con los elementos necesarios para verificar la legalidad de los actos administrativos y garantizar una justicia administrativa eficiente, transparente y respetuosa de los derechos de las partes. Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2025). Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Registro Oficial Suplemento 506 de 22 de mayo de 2015, con sus reformas vigentes.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoMiércoles, 08 de Julio del 2026
Leer más...
