El Seguro de Personas en el ordenamiento jurídico Ecuatoriano
El Código de Comercio de Ecuador, en su
sección referente a los seguros, regula una serie de aspectos esenciales sobre
los contratos de seguros de vida, los intereses asegurables, los beneficiarios
y las condiciones bajo las cuales se realiza la transferencia de los beneficios
de una póliza. A continuación, se presenta un análisis detallado de los
artículos 767 al 778, los cuales tratan sobre los derechos de los asegurados y
beneficiarios en los seguros de personas.
1.
El
Interés Asegurable
Este artículo establece que cualquier
persona puede tener un interés asegurable en su propia vida, en la vida de
quienes dependen económicamente de ella, o en la de aquellas personas cuya
muerte pueda causar un perjuicio económico o moral, aunque este no sea
cuantificable de forma exacta. Esto reconoce la importancia de proteger no solo
la vida del asegurado, sino también la de aquellos cuya desaparición afecte
directamente a los intereses económicos de la persona que contrata el seguro.
2.
Límite del Interés Asegurable
Este artículo aclara que, en los seguros
de personas, el valor del interés asegurable no tiene un límite legal, sino que
está determinado por lo que libremente acuerden las partes contratantes. Esto
otorga flexibilidad a las partes involucradas, permitiendo que se puedan
establecer valores más altos o bajos según las necesidades del asegurado y las
condiciones del contrato.
3.
Amparo
de Gastos Accesorios
Los amparos accesorios que cubren gastos
patrimoniales como los médicos, quirúrgicos o farmacéuticos son regulados por
las normas relativas a los seguros de daños. Esto significa que, si bien el
seguro de vida cubre aspectos relacionados con la vida del asegurado, también
puede incluir coberturas para gastos derivados de enfermedades o accidentes,
los cuales se regirán bajo las normativas de los seguros de daños.
4.
El
Beneficiario a Título Gratuito y Oneroso
En este artículo se distingue entre los
beneficiarios a título gratuito y los a título oneroso. El primero es aquel
designado por el asegurado por mera liberalidad, es decir, sin esperar
contraprestaciones, mientras que el beneficiario a título oneroso tiene derecho
al seguro en virtud de una relación que genera una obligación. A falta de una
estipulación expresamente contraria, se presume que el beneficiario es
designado a título gratuito.
5.
Derecho
a los Herederos en Caso de Falta de Beneficiario
Si no se ha designado un beneficiario, o
si tanto el asegurado como el beneficiario fallecen simultáneamente o en
circunstancias similares, los herederos del asegurado tendrán derecho al
seguro. En el caso de un beneficiario a título oneroso, si fallece antes que el
asegurado, sus herederos serán quienes reciban los beneficios del seguro.
6.
Seguro
sobre la Vida del Deudor
Este artículo se refiere a los seguros
sobre la vida de un deudor, indicando que en caso de que el asegurado fallezca,
el acreedor solo podrá recibir una parte del monto asegurado que cubra la deuda
pendiente. El saldo restante será entregado a los beneficiarios designados por
el asegurado. Este tipo de seguro protege tanto los intereses del acreedor como
los de los herederos del asegurado.
7.
Derechos
del Asegurado en la Designación del Beneficiario
El asegurado tiene derechos personales e
intransmisibles sobre la designación y revocación del beneficiario. Sin
embargo, si el beneficiario es a título oneroso, el asegurado no podrá revocar
esta designación sin el consentimiento expreso del beneficiario mientras exista
un interés legítimo para ello.
8.
Derechos
del Beneficiario
El beneficiario a título gratuito no
tiene derechos propios sobre el seguro durante la vida del asegurado. Su
derecho se consolida solo con la muerte del asegurado. En cambio, el
beneficiario a título oneroso tiene derechos sobre la póliza durante la vida
del asegurado, pero no puede disponer de ellos sin su consentimiento.
9.
Pérdida
de Derecho del Beneficiario por Causar la Muerte del Asegurado
Si el beneficiario provoca
intencionalmente la muerte del asegurado, perderá el derecho a recibir el
seguro. Sin embargo, si existe un valor de rescate del seguro, este será
entregado a los otros beneficiarios o a quienes correspondan legalmente.
10. Ausencia y Desaparición del
Asegurado
La mera desaparición del asegurado no
otorga derecho al cobro de la suma asegurada. Sin embargo, si se declara la
muerte presunta del asegurado debido a su desaparición, los beneficiarios
podrán reclamar la cantidad asegurada, con la obligación de restituirla si el
asegurado reaparece vivo.
11. Cesión del Contrato de Seguro
La cesión del contrato de seguro solo
será válida si es aceptada expresamente por el asegurador, cuando el contrato
sea nominativo. El cambio de beneficiario, sin embargo, solo requiere ser
notificado por escrito al asegurador.
Los artículos 767 al 778 del Código de
Comercio de Ecuador regulan una serie de derechos y obligaciones en los seguros
de personas, tanto para los asegurados como para los beneficiarios. Estos
artículos garantizan una protección adecuada para aquellos cuya vida y
bienestar están asegurados, así como una clara definición de los derechos de
los beneficiarios y las condiciones bajo las cuales pueden acceder a las
indemnizaciones, protegiendo así los intereses económicos de las personas
involucradas.
Fuente: Código de Comercio. (2024). Registro Oficial Suplemento 497.Ecuador.
Blog escrito por la Consultora Camila Proaño
Viernes, 22 de Noviembre del 2024
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LA VIOLENCIA ECONÓMICA DENTRO DEL MATRIMONIO EN EL ECUADOR
Permite analizar cómo el control del dinero, la retención de recursos, la prohibición de trabajar o la apropiación de bienes pueden convertirse en formas de violencia contra uno de los cónyuges. Lo desarrollaré con la metodología habitual: concepto, características, fundamento jurídico, caso práctico, jurisprudencia, importancia y conclusión.Por ello, la violencia económica y patrimonial es una forma de violencia de género que se produce cuando una persona realiza acciones u omisiones destinadas a disminuir, controlar, limitar o perjudicar los recursos económicos y el patrimonio de una mujer. Dentro del matrimonio puede manifestarse mediante el control absoluto del dinero, la prohibición de administrar ingresos propios, la retención de documentos, la destrucción de bienes o la disposición unilateral de recursos que afectan sus derechos.No se limita a la falta de dinero o a los conflictos económicos habituales de una pareja. Su elemento relevante es la conducta de control, dominación o perjuicio que coloca a la mujer en una situación de dependencia o vulnerabilidad económica.Por ejemplo, cuando un esposo impide que su cónyuge trabaje, le retira el dinero que gana, controla todos sus gastos y le niega recursos para cubrir sus necesidades básicas, puede existir violencia económica.Ø Características: Control financiero: Una persona decide unilateralmente cómo se utiliza el dinero y limita el acceso de su cónyuge a los recursos. Restricción de la autonomía: Se impide que la mujer trabaje, emprenda o administre sus propios ingresos. Afectación patrimonial: Se retienen, destruyen, sustraen u ocultan bienes, documentos o recursos económicos. Dependencia económica: Se generan condiciones que dificultan que la víctima pueda satisfacer sus necesidades sin autorización de su pareja. Conducta de dominación: El dinero se utiliza como instrumento de control, amenaza o sometimiento. Puede coexistir con otras formas de violencia: Puede presentarse junto con violencia psicológica, física o sexual. Ø Fundamento jurídico en Ecuador:Constitución de la República del Ecuador:- Artículo 66, numeral 3: Reconoce el derecho a la integridad personal, que comprende la integridad física, psíquica, moral y sexual, así como una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.- Artículo 66, numeral 4: Reconoce el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.- Artículo 69: Establece garantías para la protección de los derechos de las personas integrantes de la familia y dispone la igualdad de derechos en la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.Estas disposiciones permiten comprender que la relación matrimonial no implica subordinación económica de uno de los cónyuges frente al otro. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres:Esta ley constituye el principal instrumento normativo para abordar la violencia económica y patrimonial.- Artículo 4: Contiene definiciones relacionadas con la violencia de género contra las mujeres y las relaciones de poder. Permite identificar cómo las conductas de dominación pueden afectar los recursos y la autonomía de las mujeres.- Artículo 10, literal d): Violencia económica y patrimonial. Reconoce como tal toda acción u omisión dirigida a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos que se encuentran dentro de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes de la unión de hecho.Entre las conductas que contempla la disposición se encuentran la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de bienes; la pérdida, sustracción, destrucción o retención de objetos, documentos y valores; la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer necesidades; y el control de los ingresos.Esta disposición es fundamental porque reconoce expresamente que la violencia económica también puede producirse dentro del matrimonio, incluso cuando los bienes forman parte de la sociedad conyugal.La ley tiene como finalidad prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado, así como establecer mecanismos de atención, protección y reparación. Código Civil:El Código Civil contiene disposiciones relevantes sobre la sociedad conyugal y la administración de sus bienes.- Artículo 157: Establece qué bienes integran el haber de la sociedad conyugal, entre ellos los salarios y emolumentos devengados durante el matrimonio, así como los frutos y demás ingresos que señala la norma. - Artículo 180: Regula la administración ordinaria de la sociedad conyugal y determina quién puede ejercerla conforme a la decisión de los contrayentes y a las reglas legales.- Artículo 181: Establece que el cónyuge encargado de la administración ordinaria necesita autorización expresa del otro para realizar determinados actos de disposición, limitación o constitución de gravámenes sobre bienes sociales, como inmuebles, vehículos y participaciones mercantiles. La falta de consentimiento puede ocasionar la nulidad relativa del acto o contrato. - Artículo 182: Regula la responsabilidad patrimonial respecto de los bienes sociales y las obligaciones contraídas por los cónyuges. Estas normas son importantes porque la administración de la sociedad conyugal no significa que uno de los cónyuges tenga libertad para apropiarse de los bienes comunes o perjudicar los derechos patrimoniales del otro.- Caso práctico:Una mujer está casada y durante varios años se ha dedicado al cuidado de sus hijos y del hogar. Su esposo trabaja y recibe los ingresos familiares, pero decide controlar todo el dinero. Le prohíbe trabajar, le entrega únicamente cantidades pequeñas para comprar alimentos y le exige justificar cada gasto. Además, amenaza con dejarla sin recursos económicos si decide separarse y vende bienes de la sociedad conyugal sin respetar los requisitos legales.En este caso podrían configurarse conductas de violencia económica y patrimonial, debido a que el esposo utiliza los recursos económicos como mecanismo de control y afecta la autonomía de su cónyuge.La situación debe analizarse desde dos perspectivas: por una parte, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, especialmente su artículo 10, literal d); y, por otra, las disposiciones del Código Civil relativas a la administración y disposición de los bienes de la sociedad conyugal.La mujer podría solicitar las medidas de protección correspondientes y acudir a las autoridades competentes para que se investiguen los hechos y se determinen las consecuencias jurídicas.- Jurisprudencia ecuatoriana:Un precedente especialmente relevante es la Sentencia No. 1141-19-JP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador, relacionada con la protección de una mujer víctima de violencia basada en género a quien se le retiró el medidor de energía eléctrica de su vivienda, a petición de su expareja.En este caso, la Corte examinó la actuación de la empresa prestadora del servicio eléctrico y la situación de vulnerabilidad de la mujer. Consideró que el acceso a servicios básicos está relacionado con el ejercicio de derechos fundamentales, como la integridad personal, la vivienda adecuada y una vida digna.La decisión resulta importante para estudiar la violencia económica y patrimonial porque demuestra que el control o la privación de recursos y servicios indispensables pueden convertirse en mecanismos de dominación y afectación de los derechos de una mujer. Asimismo, destaca la obligación de las instituciones de considerar el contexto de violencia y actuar con perspectiva de género. Este precedente permite comprender que la violencia económica no se limita a la apropiación de dinero o bienes, sino que también puede manifestarse mediante acciones destinadas a privar a una mujer de condiciones materiales indispensables para desarrollar una vida digna.Ø Importancia:El reconocimiento de la violencia económica y patrimonial es importante porque permite visibilizar conductas que durante mucho tiempo fueron consideradas simples problemas privados o desacuerdos familiares. Sin embargo, el control del dinero, la retención de bienes y la limitación de la autonomía económica pueden constituir mecanismos de sometimiento que afectan directamente los derechos de las mujeres.En el ámbito matrimonial, esta problemática adquiere especial relevancia porque la existencia de una sociedad conyugal no significa que uno de los cónyuges pueda disponer arbitrariamente de los bienes comunes o utilizar los recursos familiares para controlar al otro.Además, su reconocimiento permite que las víctimas accedan a mecanismos de protección y reparación, y que las autoridades analicen los hechos desde una perspectiva de género, evitando minimizar las conductas que generan dependencia económica o perjudican el patrimonio de la mujer.En conclusión, la violencia económica y patrimonial dentro del matrimonio constituye una forma de violencia de género que afecta la autonomía, la dignidad y los derechos patrimoniales de las mujeres. Se manifiesta mediante conductas como controlar los ingresos, impedir el acceso al trabajo, retener documentos, apropiarse de bienes o limitar los recursos destinados a satisfacer las necesidades básicas.En Ecuador, el artículo 10, literal d), de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reconoce expresamente esta modalidad de violencia e incluye los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. Por su parte, el Código Civil establece reglas sobre la administración y disposición de los bienes comunes, que deben respetarse durante el matrimonio.En consecuencia, el matrimonio no otorga a ninguno de los cónyuges autoridad para controlar, apropiarse o disponer arbitrariamente de los recursos económicos del otro. Reconocer esta problemática permite fortalecer la igualdad dentro de las relaciones familiares y garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos económicos y patrimoniales sin amenazas, restricciones ni situaciones de dependencia impuestas. Referencias: Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449. Asamblea Nacional del Ecuador. (2015). Código Civil. Codificación vigente. Asamblea Nacional del Ecuador. (2018). Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Registro Oficial Suplemento No. 175. Corte Constitucional del Ecuador. (2025). Sentencia No. 1141-19-JP/25.Blog escrito por la Consultora Salomé Albarracín Lunes, 16 de noviembre del 2026
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LA DESIGNACIÓN DE PERITOS EN ECUADOR
La prueba pericial constituye un elemento relevante dentro de los procesos judiciales, pues permite incorporar conocimientos técnicos, científicos o especializados que contribuyen a esclarecer los hechos controvertidos. Para garantizar que esta prueba se practique de manera adecuada, el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial establece reglas específicas sobre la designación de peritos, la intervención de expertos extraordinarios, la participación de profesionales del sector público y los mecanismos de apoyo necesarios para el cumplimiento de sus funciones.Los artículos 30 al 35 de este reglamento regulan aspectos esenciales de la actividad pericial, diferenciando los procedimientos aplicables a los procesos no penales y penales, así como las circunstancias excepcionales en las que procede designar expertos fuera del registro ordinario.1. Designación de peritos en los procesos judicialesEl artículo 30 establece que la designación de peritos puede realizarse de oficio por la autoridad competente o a petición de parte, atendiendo a la especialidad requerida. En los procesos no penales, esta atribución corresponde a las juezas y los jueces, de conformidad con las reglas del Código Orgánico General de Procesos y del propio reglamento.Una de las situaciones previstas ocurre cuando una de las partes justifica que no tiene acceso al objeto de la pericia. En este supuesto, deberá solicitar su práctica en la demanda, contestación, reconvención o contestación a la reconvención, según corresponda, para que la autoridad judicial ordene la diligencia y designe al perito mediante sorteo en la especialidad solicitada.Como regla general para este supuesto, los costos de la pericia serán asumidos por la parte solicitante, mientras que los honorarios del profesional designado serán fijados por la autoridad competente conforme al reglamento.No obstante, se contempla una excepción para las personas representadas por la Defensoría Pública que acrediten, mediante certificación, pertenecer a los quintiles de la población de escasos recursos económicos. En estos casos, la designación se realizará por sorteo y los honorarios del peritaje podrán ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura.2. Peritajes contradictorios y designación de un nuevo expertoEl artículo 30 también contempla la posibilidad de ordenar excepcionalmente un nuevo peritaje cuando los informes presentados por las partes sean recíprocamente contradictorios o esencialmente divergentes respecto de un mismo hecho y, después del debate entre los peritos, persistan dudas en la autoridad judicial.Esta disposición permite atender situaciones en las que las conclusiones técnicas de los expertos no ofrecen elementos suficientes para que el juzgador esclarezca los hechos discutidos. Sin embargo, la designación de un nuevo perito no constituye una actuación automática ante cualquier diferencia entre informes, sino una medida excepcional sujeta a las condiciones previstas en la norma.La designación se efectuará mediante sorteo, y los honorarios y gastos correspondientes podrán ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura. Por tanto, la procedencia de esta medida depende de la existencia de contradicciones o divergencias relevantes y de la persistencia de dudas judiciales luego del debate pericial.3. El sorteo y la disponibilidad de peritos según la especialidadLa designación por sorteo debe efectuarse a través del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, considerando la especialidad requerida y los honorarios y gastos previstos en la tabla del reglamento.Cuando no existan peritos disponibles en el cantón correspondiente, el procedimiento contempla una ampliación progresiva del ámbito territorial de búsqueda: primero, hacia los cantones más cercanos; posteriormente, al registro provincial y, de ser necesario, a los registros de las provincias limítrofes. Si tampoco existieren profesionales disponibles en estos últimos registros, podrá designarse directamente a un perito del registro nacional, previa consulta a la dirección provincial correspondiente, que coordinará con la administración del Sistema Pericial.En materia penal, cuando se presenten estos escenarios, el fiscal deberá consultar previamente con la Dirección de Investigación de la Fiscalía General del Estado encargada para el efecto.Estas reglas buscan atender la necesidad de contar con profesionales idóneos incluso cuando la especialidad requerida no se encuentre disponible en la jurisdicción donde se sustancia la causa.4. Designación de expertos extraordinariosEl artículo 31 regula los casos en los que el registro nacional de peritos del Consejo de la Judicatura no cuenta con un profesional para la experticia solicitada. Ante esta situación, la jueza, el juez o el fiscal, según corresponda, deberá consultar previamente con la dependencia competente en la materia, que remitirá una terna de expertos o profesionales, conforme a las normas procesales aplicables.En los procesos no penales, la terna remitida por la dirección provincial correspondiente del Consejo de la Judicatura deberá contar previamente con la validación de la administración del Sistema Pericial, dentro del término de cinco días contado desde la petición formulada por la autoridad judicial.Una vez cumplido este requisito, la autoridad competente procederá a designar al experto, observando los criterios de especialidad y la experticia requerida para la diligencia.En consecuencia, la inexistencia de un perito en el registro ordinario no impide necesariamente la práctica de la prueba, pero exige seguir el procedimiento previsto para identificar y validar a un profesional que reúna los conocimientos necesarios.5. Designación de peritos en materia penal y participación de servidores públicosEl artículo 32 establece un procedimiento específico para la Fiscalía General del Estado. Durante la fase preprocesal o procesal penal, la Fiscalía solicitará la designación de peritos a la Dirección de Investigaciones de la propia institución, dependencia que deberá efectuar obligatoriamente el sorteo mediante el Sistema Pericial Integral.Por su parte, el artículo 33 regula la intervención de peritos pertenecientes a instituciones del sector público. Estos profesionales deberán actuar conforme a su perfil profesional y a las necesidades de la materia objeto de controversia.La norma contempla, además, determinados supuestos en los que la autoridad judicial podrá designar directamente como peritos a servidores judiciales, profesionales de instituciones del sistema de salud pública y miembros de la Policía Nacional del Ecuador, siempre que se encuentren previamente calificados para desarrollar esta labor. Esta posibilidad se aplica en procesos de familia, mujer, niñez y adolescencia, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, procesos sustanciados en las unidades de flagrancia y otros que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura.En el ámbito penal, cuando el fiscal requiera peritos de la Policía Nacional, del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o de otras instituciones u organismos públicos, solicitará directamente su designación a las respectivas entidades. Asimismo, los servidores públicos designados deberán contar con los permisos necesarios de sus unidades o direcciones de talento humano para cumplir sus funciones como asuntos oficiales.6. Constancia de designación y aceptación del encargo pericialEl artículo 34 dispone que, al momento de designar a un perito, deberá dejarse constancia de su código en el Sistema Pericial Integral. Incluso en los casos excepcionales en los que el experto no cuente con código de calificación, su designación deberá registrarse en el sistema.La disposición también establece una consecuencia frente a la negativa injustificada del profesional a aceptar el encargo. En tal supuesto, la jueza, el juez o el fiscal dejará constancia de lo ocurrido en el sistema y designará inmediatamente, de oficio, a un nuevo perito, conforme a los principios, criterios y procedimientos del reglamento.Esta regla permite dar continuidad a la actuación pericial y evitar que una negativa injustificada paralice innecesariamente la práctica de la diligencia.7. El apoyo institucional para el cumplimiento de la periciaFinalmente, el artículo 35 reconoce que los peritos pueden solicitar a la autoridad competente que los designó que requiera la colaboración necesaria de entidades públicas o privadas para cumplir adecuadamente sus funciones. Esta colaboración puede incluir el apoyo de la fuerza pública cuando resulte necesario.La disposición evidencia que el trabajo pericial no depende exclusivamente de los conocimientos técnicos del profesional, sino también de las condiciones materiales e institucionales que permitan ejecutar la diligencia. Por ello, cuando existan obstáculos para acceder a información, bienes, lugares u otros elementos necesarios para la experticia, el perito podrá solicitar la intervención de la autoridad que dispuso su designación, dentro del marco de sus atribuciones.Los artículos 30 al 35 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial establecen un marco procedimental para la designación de peritos, la selección de expertos extraordinarios, la intervención de profesionales del sector público y el apoyo institucional requerido para la ejecución de las diligencias.Para los abogados que intervienen en procesos judiciales, conocer estas reglas permite identificar cuándo corresponde solicitar una pericia, en qué momento procesal debe plantearse la petición, quién debe asumir sus costos y bajo qué condiciones puede requerirse un nuevo informe técnico.En definitiva, la correcta aplicación de estas disposiciones contribuye a que la prueba pericial se practique con criterios de especialidad, conforme al procedimiento establecido y con las condiciones necesarias para aportar elementos técnicos relevantes a la resolución de la controversia. Fuente: Consejo de la Judicatura. (2024). Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, Resolución 216-2024.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoMartes, 10 de Noviembre del 2026
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LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS CONTRATOS EN ECUADOR
La transformación digital ha modificado la forma en que las personas y las empresas celebran contratos, permitiendo que numerosas operaciones se realicen sin necesidad de acudir físicamente a un establecimiento o suscribir documentos en papel. En este contexto, la firma electrónica constituye una herramienta jurídica que facilita la identificación de los firmantes, permite expresar su voluntad y contribuye a la celebración de negocios por medios digitales.En Ecuador, su utilización se encuentra regulada principalmente por la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Esta normativa reconoce efectos jurídicos a la firma electrónica y establece condiciones para su validez, sin eliminar los requisitos que las leyes exigen para determinados contratos. Por ello, el principal desafío jurídico consiste en garantizar que la contratación electrónica respete la voluntad de las partes, la seguridad de la información y los derechos de quienes intervienen en el negocio.ü Concepto:La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos asociados a un mensaje de datos que permite identificar al titular y expresar su aprobación respecto de la información contenida en él. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, su función consiste en relacionar al firmante con el documento y manifestar que reconoce y aprueba su contenido.En materia contractual, permite que las partes suscriban acuerdos mediante documentos electrónicos, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes. Su importancia radica en que facilita la contratación a distancia y permite conservar evidencia electrónica de las declaraciones realizadas.ü Características:La firma electrónica presenta las siguientes características: Identificación: permite vincular la firma con una persona determinada. Autenticidad: facilita la comprobación de la autoría del documento mediante mecanismos técnicos de verificación. Integridad: permite comprobar si el documento firmado ha sido alterado, de acuerdo con las características del sistema utilizado. Manifestación de voluntad: expresa la aprobación del firmante respecto del contenido al que se encuentra asociada. Valor jurídico: puede producir los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, conforme al artículo 14 de la ley. Admisibilidad probatoria: puede presentarse como prueba en un proceso judicial. Seguridad: exige medidas para proteger los datos de creación de la firma y evitar su utilización no autorizada. Estas características contribuyen a la confianza en la contratación electrónica, aunque la validez de cada operación también depende de la capacidad de las partes, el consentimiento, el objeto, la causa y las formalidades que correspondan al contrato.ü Normativa ecuatoriana:La regulación de la firma electrónica se encuentra principalmente en las siguientes disposiciones:Constitución de la República del Ecuador. El artículo 66, numeral 19, reconoce el derecho a la protección de datos personales, relevante cuando la contratación electrónica implica el tratamiento de información de los firmantes. Asimismo, el artículo 76 establece garantías del debido proceso que pueden resultar pertinentes cuando la autenticidad de una firma o de un documento se discute judicialmente.Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Artículo 2: reconoce a los mensajes de datos igual valor jurídico que a los documentos escritos, bajo las condiciones previstas en la ley. Artículo 13: define la firma electrónica. Artículo 14: reconoce a la firma electrónica igual validez y efectos jurídicos que a la firma manuscrita y admite su utilización como prueba judicial. Artículo 15: establece los requisitos de validez de la firma electrónica, incluidos la vinculación con su titular, la posibilidad de verificar su identidad y la seguridad del método empleado. Artículo 16: establece que la firma debe formar parte del mensaje de datos o estar lógicamente asociada a él y contempla la presunción de voluntad del emisor. Artículo 17: establece obligaciones para el titular, entre ellas mantener la firma bajo su control y adoptar medidas para evitar su uso no autorizado. Artículo 45: reconoce la validez de los contratos instrumentados mediante mensajes de datos. Artículo 46: dispone que el perfeccionamiento de los contratos electrónicos se somete a los requisitos y solemnidades legales correspondientes. Estas disposiciones demuestran que el uso de medios electrónicos no constituye, por sí solo, una razón para negar la validez de un contrato. Sin embargo, tampoco significa que cualquier documento digital firmado sea automáticamente válido: deben verificarse los requisitos legales aplicables al negocio concreto.ü La firma electrónica en la celebración de contratos:La firma electrónica puede utilizarse en distintos contratos civiles y mercantiles, como acuerdos de prestación de servicios, contratos comerciales y determinados convenios celebrados entre empresas o particulares. Permite que las partes manifiesten su consentimiento sin coincidir físicamente en un mismo lugar.Para que el contrato produzca los efectos jurídicos correspondientes, deben concurrir los requisitos generales de validez contractual y las formalidades especiales que resulten aplicables. Por ejemplo, la firma electrónica no elimina la necesidad de cumplir una solemnidad legal cuando la ley exige una forma determinada para la celebración de un negocio.En consecuencia, es importante diferenciar entre la firma electrónica como mecanismo de identificación y manifestación de voluntad, y el contrato como acuerdo jurídico que genera obligaciones. La primera contribuye a demostrar la suscripción del documento, mientras que la validez del segundo depende del cumplimiento de las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico.ü Caso práctico:Una empresa ecuatoriana celebra un contrato de prestación de servicios con un profesional independiente. Ambas partes reciben el documento por medios electrónicos y lo suscriben utilizando sus firmas electrónicas. Posteriormente, la empresa se niega a pagar los honorarios acordados y sostiene que el contrato no tiene validez porque nunca se firmó físicamente.En este supuesto, el profesional puede invocar el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, que reconoce los efectos jurídicos de la firma electrónica, y el artículo 45, que reconoce la validez de los contratos instrumentados mediante mensajes de datos.Si se cumplen los requisitos legales y se demuestra la autenticidad del documento y el consentimiento de las partes, la ausencia de una firma manuscrita no constituye, por sí sola, una razón suficiente para desconocer el contrato. No obstante, la exigibilidad de las obligaciones dependerá también de las cláusulas pactadas, de la prueba disponible y de las normas aplicables al caso.ü Riesgos y dificultades jurídicas:A pesar de sus ventajas, la contratación electrónica presenta problemas que requieren atención jurídica.Uno de los principales riesgos es el uso no autorizado de una firma electrónica. Si un tercero obtiene los datos de creación de la firma y los utiliza para suscribir un documento, puede surgir una controversia sobre la identidad del firmante y la existencia de consentimiento. En estos casos, deben examinarse los mecanismos de autenticación, los registros técnicos disponibles y las circunstancias de la operación.Otro problema es la alteración del documento después de su suscripción. Si se modifica el contenido contractual, puede ser necesario verificar la integridad del archivo y determinar si las partes aceptaron las cláusulas discutidas.También pueden surgir dificultades cuando una persona firma electrónicamente en nombre de una compañía sin contar con facultades suficientes de representación. La existencia de una firma válida no demuestra, por sí sola, que su titular tenga autorización para obligar a una persona jurídica.Por ello, la seguridad jurídica exige verificar tanto la firma como la identidad, la capacidad y las facultades de quienes intervienen en la contratación.ü Observación jurídica:La firma electrónica fortalece la contratación moderna al facilitar las operaciones y reducir la dependencia de documentos físicos. Sin embargo, su reconocimiento legal no debe confundirse con una garantía absoluta de autenticidad o consentimiento en cualquier circunstancia.El problema jurídico aparece cuando una persona desconoce la firma, alega que sus datos fueron utilizados por un tercero o sostiene que el documento fue alterado. En tales casos, el análisis debe centrarse en la autenticidad de la firma, la integridad del documento, la voluntad contractual y el cumplimiento de las formalidades legales.Por tanto, el desafío consiste en armonizar la eficiencia tecnológica con la protección de los derechos de las partes. La contratación electrónica debe ofrecer agilidad, pero también mecanismos adecuados para verificar la identidad, conservar la documentación y resolver controversias.ü Importancia jurídica:La firma electrónica es importante porque facilita la celebración de contratos a distancia, contribuye a la eficiencia de las relaciones comerciales y permite utilizar documentos electrónicos con efectos jurídicos reconocidos por la legislación ecuatoriana.Además, su regulación fortalece la seguridad jurídica al establecer requisitos para verificar la identidad del firmante y reconocer los documentos electrónicos como elementos que pueden ser valorados en procesos judiciales. Su uso responsable exige, sin embargo, proteger las credenciales de firma y conservar los documentos originales junto con los elementos necesarios para verificar su autenticidad.En conclusión, la firma electrónica constituye una herramienta jurídica fundamental para la contratación en el Ecuador, pues permite manifestar la voluntad de las partes mediante medios digitales y facilita la celebración de negocios sin presencia física. La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos reconoce sus efectos jurídicos y establece condiciones para su validez y utilización como prueba.No obstante, su utilización no elimina los requisitos generales de los contratos ni las formalidades especiales exigidas por la ley. En consecuencia, la validez de un contrato suscrito electrónicamente debe analizarse considerando la autenticidad de la firma, el consentimiento de las partes, la capacidad, la representación y el cumplimiento de las disposiciones aplicables. De esta manera, la firma electrónica contribuye a modernizar las relaciones jurídicas sin dejar de lado la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los contratantes. Referencias: Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Ecuador. (2002, con reformas posteriores). Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. Registro Oficial Suplemento No. 557, de 17 de abril de 2002. Ecuador. Código Orgánico Administrativo, artículos 90 y 94, en lo pertinente al gobierno electrónico y a la firma electrónica en el ámbito administrativo. Gobierno Electrónico del Ecuador. Normativa sobre firma electrónica. https://www.firmadigital.gob.ec/normativa/ Defensoría Pública del Ecuador. Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. https://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/3374Blog escrito por la Consultora Salomé AlbarracínViernes, 06 de noviembre del 2026
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EL ENGAÑO AL COMPRADOR RESPECTO A LA IDENTIDAD O CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 235 DEL COIPLas relaciones de consumo deben desarrollarse bajo principios de transparencia, buena fe e información veraz. Cuando un proveedor ofrece un producto o servicio con determinadas características y, de manera fraudulenta, entrega uno distinto, puede vulnerar los derechos del consumidor y generar responsabilidad penal. En Ecuador, esta conducta se encuentra tipificada en el artículo 235 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), dentro de la sección relativa a los delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado.Esta disposición busca proteger al comprador frente a prácticas fraudulentas que afectan su capacidad de decidir libremente y recibir aquello que efectivamente adquirió.¿Qué establece el artículo 235 del COIP?El artículo 235 del COIP sanciona a la persona que provoque error en el comprador o usuario respecto de la identidad o calidad del bien o servicio vendido, mediante la entrega fraudulenta de un objeto o servicio distinto al ofrecido en la publicidad, información o contrato. También contempla el engaño relacionado con la naturaleza u origen del bien o servicio, cuando se entrega otro que resulta semejante en apariencia al que se creyó adquirir.La norma establece una pena privativa de libertad de seis meses a un año para la persona responsable. Asimismo, cuando se determine la responsabilidad penal de una persona jurídica, se impondrá una multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general.¿Cuándo se configura este delito?Para comprender el alcance de esta infracción penal, es necesario identificar los elementos principales de la conducta descrita en la norma.1. El engaño al comprador o usuario. La conducta debe provocar un error respecto de la identidad, calidad, naturaleza u origen del bien o servicio. No se trata únicamente de una insatisfacción con la compra, sino de una conducta fraudulenta que induce a adquirir algo distinto de lo ofrecido.2. La diferencia entre lo ofrecido y lo entregado. El objeto o servicio recibido no corresponde a lo anunciado, informado o acordado contractualmente. La diferencia puede relacionarse con sus características, calidad, naturaleza u origen.3. La existencia de una conducta fraudulenta. El artículo 235 exige que la entrega del objeto o servicio distinto sea fraudulenta. Por tanto, no toda equivocación comercial, deficiencia o incumplimiento contractual constituye automáticamente este delito; deben analizarse las circunstancias concretas y los elementos que permitan establecer la responsabilidad penal.Ejemplos de engaño al compradorEste delito puede comprender distintas situaciones que se presentan en las relaciones comerciales. Por ejemplo:● Identidad del producto: se ofrece y cobra por un artículo de una marca determinada, pero se entrega fraudulentamente otro producto distinto, haciéndolo pasar por el adquirido.● Calidad del bien: se comercializa un producto como si reuniera determinadas características de calidad, pero se entrega fraudulentamente otro que no corresponde a lo ofrecido.● Origen del producto: se presenta un bien como procedente de un país o fabricante específico, pero se entrega otro de origen diferente, ocultando esa circunstancia mediante el engaño.● Prestación de servicios: se contrata un servicio con características concretas y, de manera fraudulenta, se proporciona uno distinto al anunciado o acordado.Estos ejemplos deben examinarse individualmente, pues la aplicación del artículo 235 depende de que los hechos se ajusten a los elementos previstos en la norma penal.Protección de los derechos del consumidorEl artículo 235 del COIP guarda relación con los derechos reconocidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Su artículo 4 reconoce, entre otros, el derecho a recibir información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios, así como la protección frente a la publicidad engañosa y el acceso a mecanismos administrativos y judiciales para la tutela de los derechos del consumidor.Por su parte, el artículo 17 de la misma ley establece la obligación del proveedor de entregar información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna, de manera que el consumidor pueda realizar una elección adecuada y razonable.Estas disposiciones permiten comprender que la transparencia en la oferta y la correspondencia entre lo anunciado y lo entregado son aspectos esenciales de las relaciones de consumo. Sin embargo, la existencia de una infracción a la normativa de protección al consumidor no implica, por sí sola, que se haya configurado el delito previsto en el artículo 235 del COIP.¿Qué sanciones establece la norma?El artículo 235 contempla dos consecuencias penales, según el sujeto responsable:Para la persona natural: pena privativa de libertad de seis meses a un año.Para la persona jurídica: multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general, siempre que se determine su responsabilidad penal.La imposición de estas sanciones requiere que se establezca la responsabilidad correspondiente conforme a las reglas del procedimiento penal. No basta con demostrar que el producto o servicio no cumplió las expectativas del comprador; es necesario acreditar los elementos de la conducta tipificada.¿Qué puede hacer una persona afectada?Cuando un comprador considera que ha sido víctima de un engaño, es recomendable conservar los elementos que permitan demostrar las condiciones de la oferta y la diferencia con lo recibido. Entre ellos pueden encontrarse:● Facturas, recibos y comprobantes de pago.● Contratos, órdenes de compra y documentos relacionados con la contratación.● Publicidad, capturas de pantalla y comunicaciones con el proveedor.● Fotografías, videos e informes técnicos que permitan identificar las características del bien o servicio entregado.● Cualquier otro elemento que contribuya a esclarecer las circunstancias de la operación comercial.Con base en los hechos y las evidencias disponibles, la persona afectada podrá evaluar las acciones legales que correspondan. Si existen indicios de una conducta que se adecue al artículo 235 del COIP, podrá ponerlos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se investiguen conforme a la ley, sin perjuicio de los mecanismos de protección al consumidor que resulten aplicables.El artículo 235 del Código Orgánico Integral Penal constituye un mecanismo de protección frente al engaño fraudulento en las relaciones comerciales. Su finalidad es sancionar las conductas que inducen al comprador o usuario a error sobre la identidad, calidad, naturaleza u origen de los bienes o servicios adquiridos.La aplicación de esta disposición exige distinguir entre un simple incumplimiento contractual y una conducta fraudulenta que reúna los elementos del tipo penal. Por ello, la publicidad, la información proporcionada, los términos contractuales y las características del producto o servicio efectivamente entregado pueden resultar determinantes para el análisis jurídico del caso.Conocer esta norma permite a los consumidores identificar posibles vulneraciones de sus derechos y a los proveedores comprender la importancia de actuar con transparencia y respetar las condiciones de los bienes y servicios que ofrecen.Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. 180, 10 de febrero de 2014. Asamblea Nacional del Ecuador. (2000). Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Registro Oficial Suplemento No. 116, 10 de julio de 2000.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoMartes, 03 de Noviembre del 2026
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EL ENGAÑO AL COMPRADOR RESPECTO A LA IDENTIDAD O CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 235 DEL COIPLas relaciones de consumo deben desarrollarse bajo principios de transparencia, buena fe e información veraz. Cuando un proveedor ofrece un producto o servicio con determinadas características y, de manera fraudulenta, entrega uno distinto, puede vulnerar los derechos del consumidor y generar responsabilidad penal. En Ecuador, esta conducta se encuentra tipificada en el artículo 235 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), dentro de la sección relativa a los delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado.Esta disposición busca proteger al comprador frente a prácticas fraudulentas que afectan su capacidad de decidir libremente y recibir aquello que efectivamente adquirió.¿Qué establece el artículo 235 del COIP?El artículo 235 del COIP sanciona a la persona que provoque error en el comprador o usuario respecto de la identidad o calidad del bien o servicio vendido, mediante la entrega fraudulenta de un objeto o servicio distinto al ofrecido en la publicidad, información o contrato. También contempla el engaño relacionado con la naturaleza u origen del bien o servicio, cuando se entrega otro que resulta semejante en apariencia al que se creyó adquirir.La norma establece una pena privativa de libertad de seis meses a un año para la persona responsable. Asimismo, cuando se determine la responsabilidad penal de una persona jurídica, se impondrá una multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general.¿Cuándo se configura este delito?Para comprender el alcance de esta infracción penal, es necesario identificar los elementos principales de la conducta descrita en la norma.1. El engaño al comprador o usuario. La conducta debe provocar un error respecto de la identidad, calidad, naturaleza u origen del bien o servicio. No se trata únicamente de una insatisfacción con la compra, sino de una conducta fraudulenta que induce a adquirir algo distinto de lo ofrecido.2. La diferencia entre lo ofrecido y lo entregado. El objeto o servicio recibido no corresponde a lo anunciado, informado o acordado contractualmente. La diferencia puede relacionarse con sus características, calidad, naturaleza u origen.3. La existencia de una conducta fraudulenta. El artículo 235 exige que la entrega del objeto o servicio distinto sea fraudulenta. Por tanto, no toda equivocación comercial, deficiencia o incumplimiento contractual constituye automáticamente este delito; deben analizarse las circunstancias concretas y los elementos que permitan establecer la responsabilidad penal.Ejemplos de engaño al compradorEste delito puede comprender distintas situaciones que se presentan en las relaciones comerciales. Por ejemplo:● Identidad del producto: se ofrece y cobra por un artículo de una marca determinada, pero se entrega fraudulentamente otro producto distinto, haciéndolo pasar por el adquirido.● Calidad del bien: se comercializa un producto como si reuniera determinadas características de calidad, pero se entrega fraudulentamente otro que no corresponde a lo ofrecido.● Origen del producto: se presenta un bien como procedente de un país o fabricante específico, pero se entrega otro de origen diferente, ocultando esa circunstancia mediante el engaño.● Prestación de servicios: se contrata un servicio con características concretas y, de manera fraudulenta, se proporciona uno distinto al anunciado o acordado.Estos ejemplos deben examinarse individualmente, pues la aplicación del artículo 235 depende de que los hechos se ajusten a los elementos previstos en la norma penal.Protección de los derechos del consumidorEl artículo 235 del COIP guarda relación con los derechos reconocidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Su artículo 4 reconoce, entre otros, el derecho a recibir información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios, así como la protección frente a la publicidad engañosa y el acceso a mecanismos administrativos y judiciales para la tutela de los derechos del consumidor.Por su parte, el artículo 17 de la misma ley establece la obligación del proveedor de entregar información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna, de manera que el consumidor pueda realizar una elección adecuada y razonable.Estas disposiciones permiten comprender que la transparencia en la oferta y la correspondencia entre lo anunciado y lo entregado son aspectos esenciales de las relaciones de consumo. Sin embargo, la existencia de una infracción a la normativa de protección al consumidor no implica, por sí sola, que se haya configurado el delito previsto en el artículo 235 del COIP.¿Qué sanciones establece la norma?El artículo 235 contempla dos consecuencias penales, según el sujeto responsable:Para la persona natural: pena privativa de libertad de seis meses a un año.Para la persona jurídica: multa de diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general, siempre que se determine su responsabilidad penal.La imposición de estas sanciones requiere que se establezca la responsabilidad correspondiente conforme a las reglas del procedimiento penal. No basta con demostrar que el producto o servicio no cumplió las expectativas del comprador; es necesario acreditar los elementos de la conducta tipificada.¿Qué puede hacer una persona afectada?Cuando un comprador considera que ha sido víctima de un engaño, es recomendable conservar los elementos que permitan demostrar las condiciones de la oferta y la diferencia con lo recibido. Entre ellos pueden encontrarse:● Facturas, recibos y comprobantes de pago.● Contratos, órdenes de compra y documentos relacionados con la contratación.● Publicidad, capturas de pantalla y comunicaciones con el proveedor.● Fotografías, videos e informes técnicos que permitan identificar las características del bien o servicio entregado.● Cualquier otro elemento que contribuya a esclarecer las circunstancias de la operación comercial.Con base en los hechos y las evidencias disponibles, la persona afectada podrá evaluar las acciones legales que correspondan. Si existen indicios de una conducta que se adecue al artículo 235 del COIP, podrá ponerlos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se investiguen conforme a la ley, sin perjuicio de los mecanismos de protección al consumidor que resulten aplicables.El artículo 235 del Código Orgánico Integral Penal constituye un mecanismo de protección frente al engaño fraudulento en las relaciones comerciales. Su finalidad es sancionar las conductas que inducen al comprador o usuario a error sobre la identidad, calidad, naturaleza u origen de los bienes o servicios adquiridos.La aplicación de esta disposición exige distinguir entre un simple incumplimiento contractual y una conducta fraudulenta que reúna los elementos del tipo penal. Por ello, la publicidad, la información proporcionada, los términos contractuales y las características del producto o servicio efectivamente entregado pueden resultar determinantes para el análisis jurídico del caso.Conocer esta norma permite a los consumidores identificar posibles vulneraciones de sus derechos y a los proveedores comprender la importancia de actuar con transparencia y respetar las condiciones de los bienes y servicios que ofrecen.Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. 180, 10 de febrero de 2014. Asamblea Nacional del Ecuador. (2000). Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Registro Oficial Suplemento No. 116, 10 de julio de 2000.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoMartes, 03 de Noviembre del 2026
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EL TESTIMONIO RESERVADO DEL MENOR EN ECUADOR
En los procesos judiciales que involucran a niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos relacionados con la tenencia, el régimen de visitas y los conflictos familiares, escuchar la opinión del menor constituye una garantía fundamental para la protección de sus derechos.En Ecuador, los artículos 59 y 60 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) reconocen el derecho de los menores a expresarse libremente y a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. En este contexto, el testimonio reservado puede constituir un mecanismo para conocer su opinión en condiciones que protejan su intimidad, integridad emocional y libertad de expresión, sin que su participación se convierta en una fuente de presión o revictimización.Fundamento jurídico: artículos 59 y 60 del CONAArtículo 59. Derecho a la libertad de expresión.Esta disposición reconoce que los niños, niñas y adolescentes pueden expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, utilizando los medios que consideren adecuados, dentro de las restricciones legales destinadas a proteger los derechos de las demás personas.En el ámbito judicial, este derecho implica que el menor debe tener la oportunidad de manifestar sus sentimientos, experiencias y preferencias respecto de las decisiones que afectan su vida familiar, sin que su opinión sea descalificada únicamente por su edad.Artículo 60. Derecho a ser consultados.Este artículo establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten y que su opinión debe valorarse de acuerdo con su edad y madurez.Además, incorpora una garantía esencial: ningún menor puede ser obligado o presionado para expresar su opinión.Esta disposición resulta especialmente relevante en los procesos de tenencia, en los que el niño puede encontrarse en medio de un conflicto entre sus progenitores. Su participación debe desarrollarse de manera libre, sin intimidaciones, amenazas, manipulación ni exigencias para que manifieste preferencia por uno de ellos.¿Qué es el testimonio reservado del menor?El testimonio reservado del menor es una forma de recibir su declaración procurando proteger su identidad, intimidad, seguridad y estabilidad emocional, de acuerdo con las características del procedimiento y las medidas de protección que correspondan.Su finalidad es permitir que el niño exprese su opinión en un entorno adecuado, con las garantías necesarias para evitar presiones externas y reducir los efectos negativos que podría ocasionar su participación en un conflicto judicial.Es importante precisar que los artículos 59 y 60 del CONA reconocen el derecho a expresarse y a ser escuchado, pero no regulan por sí solos una modalidad procesal específica denominada «testimonio reservado». La forma de recibir la declaración debe determinarse conforme a las normas procesales aplicables y las garantías correspondientes al caso.La opinión del menor en los procesos de tenenciaEn los procesos judiciales de tenencia, la opinión del niño puede aportar información relevante sobre sus vínculos afectivos, su entorno familiar, sus necesidades emocionales y las circunstancias en las que se desarrolla su convivencia con cada progenitor.Sin embargo, escuchar al menor no significa trasladarle la responsabilidad de decidir con quién debe vivir. La decisión corresponde a la autoridad judicial, que debe valorar integralmente su interés superior, las pruebas incorporadas al proceso y las condiciones de protección y cuidado.La opinión del niño debe ser considerada según su edad, madurez y capacidad para comprender la situación. No debe tratarse como una prueba automática de idoneidad o falta de idoneidad de alguno de sus progenitores, sino como un elemento relevante que debe analizarse junto con los demás medios probatorios.Protección frente a amenazas, intimidación y manipulaciónLa prohibición de presionar al menor para que exprese su opinión constituye una garantía indispensable cuando existen conflictos familiares intensos o alegaciones de violencia.Si se advierte que el niño podría estar siendo intimidado, manipulado o condicionado para manifestar una determinada preferencia, resulta pertinente solicitar que su participación se desarrolle mediante un procedimiento adecuado a su edad y situación emocional, con intervención de profesionales especializados cuando corresponda.El objetivo no es orientar su respuesta hacia uno de los progenitores, sino garantizar que pueda expresarse de manera espontánea, auténtica y libre de influencias indebidas.Asimismo, deben evitarse interrogatorios reiterados o confrontaciones innecesarias que puedan incrementar su angustia o colocarlo en una situación de conflicto de lealtades.La reserva y el derecho a la defensaLa protección de la intimidad del menor debe armonizarse con las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa de las partes. Por ello, la reserva no debe entenderse automáticamente como una exclusión absoluta del conocimiento o contradicción de la prueba.La autoridad judicial debe aplicar las medidas de protección previstas en la normativa correspondiente, procurando que la participación del niño sea segura y que, al mismo tiempo, se respeten las garantías procesales de quienes intervienen en la causa.La forma concreta de recibir, documentar y valorar su declaración dependerá de las reglas procesales aplicables al procedimiento judicial.Los artículos 59 y 60 del Código de la Niñez y Adolescencia establecen que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar libremente sus opiniones y a ser escuchados en los asuntos que afectan su vida, sin ser obligados ni presionados.En consecuencia, dentro de los procesos de tenencia y régimen de visitas, la participación del menor debe garantizar condiciones de seguridad, respeto, libertad y protección emocional. Su opinión debe valorarse de acuerdo con su edad y madurez, sin atribuirle la responsabilidad de resolver el conflicto de sus progenitores.Escuchar al menor no significa hacerlo escoger entre sus padres; significa reconocerlo como sujeto de derechos y garantizar que su voz sea considerada sin miedo, manipulación ni presiones. Fuente: Ecuador. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. Registro Oficial No. 737, 3 de enero de 2003, arts. 59 y 60.Blog escrito por la Abg. Camila ProañoMartes, 27 de Octubre del 2026
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